El Gobierno evalúa suspender a la aerolínea Flybondi, primera low cost del país, por el creciente número de incumplimientos operativos que generan fuertes reclamos de pasajeros, con escenas en los aeropuertos de frustración y enojo contra los empleados.

Según estadísticas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), durante 2024 la empresa presentó un promedio de modificaciones en el 27% de sus vuelos. Este mes, las cancelaciones y reprogramaciones podrían superar el 45%.

«Suspender su permiso es la última opción, pero la paciencia se agota», plantearon desde el Ejecutivo. La medida implicaría retirar el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), que autoriza a la empresa a volar. El Gobierno también analiza multas de hasta $200 millones y la suspensión de rutas.

La crisis operativa de Flybondi incluye problemas graves, como incidentes de seguridad, irregularidades en sus talleres de mantenimiento, y un desorden significativo en el almacenamiento de materiales y herramientas. La Junta de Seguridad en el Transporte investiga varios eventos, como emergencias en vuelo y fallas en la gestión de aeronaves.

A pesar de haber presentado en el último tiempo un plan correctivo con refuerzos en su flota y repuestos, el Gobierno lo consideró insuficiente. Además, se cuestiona la falta de inversión en equipos para los servicios de rampa, pese a la reciente autorización para operar en este sector.

Desde su fundación en 2018, Flybondi ha sido objeto de controversias. Actualmente, cuenta con una flota de 17 aviones, opera en 19 rutas nacionales y tres internacionales, y pertenece a fondos de inversión como Cartesian y Yamasa. Sin embargo, la compañía enfrenta rumores de venta y dificultades para cumplir con las expectativas del mercado aerocomercial.

La incertidumbre se agrava de cara a las fiestas y la temporada alta, cuando miles de pasajeros dependen de sus servicios. «Hemos sido flexibles con ellos en el pasado, pero los resultados siguen siendo inaceptables», concluyeron desde el Gobierno.

Solo en noviembre, de los 1991 vuelos operados, 384 sufrieron cancelaciones. Esto representa el 20% del total de las operaciones aéreas realizadas por la compañía. Además, se estima que más de 700 vuelos tuvieron que ser reprogramados.

Esta semana, la Secretaría de Transporte intimó nuevamente a la línea aéreaa que presente en el plazo de 48 horas un plan correctivo para reducir drásticamente las cancelaciones que está teniendo la empresa y que afectan diariamente a miles de pasajeros. Deberá ajustar las solicitudes de vuelos que la aerolínea envía a la ANAC a su capacidad operativa real, evitando ofrecer vuelos que no pueda garantizar ni operar efectivamente.

Este viernes, la empresa finalmente presentó su propuesta, que, según fuentes oficiales, incluye medidas clave como la mejora en la programación de vuelos y una reducción de las cancelaciones. Ahora, la Secretaría tiene la responsabilidad de evaluar rápidamente la respuesta para decidir si las propuestas de Flybondi son suficientes para garantizar una mejora inmediata en el servicio y evitar nuevas complicaciones para los pasajeros.

Asimismo, la ANAC adelantó que continuará labrando actas de infracción a las líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios.

«El mecanismo de labrado de actas, con la consecuente posibilidad de aplicar sanciones, había quedado sin aplicación desde el año 2020. Desde junio de este año, se ha retomado el proceso de las mismas por incumplimientos a todas líneas aéreas. El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes», agregó el comunicado.

La ANAC advirtió que «la desregulación de los cielos y la política de Cielos Abiertos implementada por el Gobierno Nacional tiene como objetivo promover una mayor eficiencia en el sector aéreo, sin afectar el derecho de los pasajeros a recibir servicios de calidad, con el cumplimiento de los horarios y operaciones. El Gobierno Nacional no permitirá la prestación de servicios que perjudiquen a los usuarios».