Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y vicepresidenta, fue condenada en firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la causa conocida como «Vialidad». La Justicia la responsabilizó por el direccionamiento de contratos de obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.

El fallo decisivo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación en noviembre de 2024. La Corte Suprema ahora rechazó sus recursos, dejando la condena lista para ser ejecutada. Por su edad (72 años), se presume que podría cumplir la pena bajo arresto domiciliario.

Desde temprano se registraron cortes totales en panamericana y accesos a Buenos Aires, como Acceso Oeste, La Plata, y Richieri. Los bloqueos fueron autoconvocados para rechazar la condena.

Las manifestaciones se replicaron en todo el país. Militantes, sindicalistas y referentes del peronismo se concentraron en accesos principales y en la sede del PJ en Matheu. La movilización se presenta como una defensa de la expresidenta frente a lo que consideran una «proscripción política».

El Gobierno prevé que la decisión es definitiva y no emitirá comunicaciones oficiales al respecto. Entre la dirigencia oficial y la oposición reina un fuerte hermetismo institucional.

La condena deja a Kirchner sin posibilidad electoral por inhabilitación y podría desencadenar un escenario de alta polarización, con un peronismo movilizado alrededor de su figura y alertas en los gremios sobre una profundización de protestas si se ordena su detención efectiva.