La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada por el presunto delito de abuso de autoridad luego de solicitar allanamientos a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, así como a los estudios de Carnaval Stream, medio desde el cual se difundieron audios vinculados a posibles hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien afirmó que el accionar del Ministerio de Seguridad constituye un intento claro de «amedrentar, censurar y restringir la libertad de prensa». Según detalla, en la presentación realizada por Fernando Soto, letrado del Ministerio, se solicitó a la Justicia el «allanamiento y secuestro forense» de equipos informáticos, discos rígidos, servidores, backups, consolas y documentos de programación vinculados a la difusión de ese material.

Además, el Ministerio pidió una medida cautelar para prohibir “la difusión, reproducción y/o circulación” de los audios involucrados, lo que, para Dalbón, representa un caso de “censura previa”, prohibida explícitamente por la Constitución Nacional.

“La denuncia efectuada por Bullrich no solo se dirige contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, lo cual es una forma de censura indirecta y masiva”, argumentó Dalbón en la presentación judicial.

El abogado calificó el accionar de Bullrich como un «ejemplo paradigmático de extralimitación funcional», que atenta contra principios básicos de libertad de expresión y contra la prensa como institución democrática. Solicitó, por ello, que la ministra sea citada a declarar en indagatoria.