El ministro Petri ordenó auditorías para establecer que ocurrió con esos fondos y con lo que se había presuntamente adquirido.
Se trata, según confirmaron a Noticias Argentinas fuentes de la cartera a cargo de Luis Petri, de contratos celebrados durante la gestión de Cristina Kirchner con empresas para la provisión de material militar como drones, aviones y remolcadores.
De acuerdo a los datos que se pudieron conocer, el Estado habría abonado una cifra millonaria por materiales y para la modernización de unidades, entre ellos el proyecto de Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), al cual se destinaron 200 millones de pesos.
El SARA tenía como objetivo desarrollar dos prototipos de vehículos aéreos no tripulados (drones), pero estos nunca se completaron y se investiga, además, la entrega de millones de dólares para el desarrollo de aviones Pampa y Pucará IA100 que no se entregaron.
En el año 2015, el Gobierno suscribió un convenio con el INVAP para desarrollar dos prototipos operativos de Sistemas Aéreos No Tripulados que debían entregarse en el término de 7 años, por un monto de más de 2 mil millones de pesos.
De ese monto se abonaron a través del Ministerio de Defensa 200 millones, pero el contrato quedó pendiente en el 2016, hasta que en noviembre de 2017 la cartera que por entonces encabezaba Oscar Aguad, solicitó al INVAP un informe respecto al grado de avance del contrato SARA con sus respectivos costos detallados.
Petri sostuvo al respecto, en declaraciones realizadas a El Observador, que se «había celebrado un convenio con el Fondo de Integración Sociourbana (FISU, que manejan dirigentes de Juan Grabois), se habían pagado más de 20 millones de dólares de un contrato de 34 millones de dólares cuando el contrato se había dado de baja», sostuvo.
Pero ese contrato «Tandanor es una empresa estratégica de la defensa y la tarea desplegada llamativamente no tenía que ver con el mantenimiento de buques, con la construcción de buques, no tenía que ver con remolcadores, no tenía que ver con el ARA Parker en donde se pagaron 8 millones de dólares, no tenía que ver con el ARA Petrel, sino para construir 1800 pérgolas, 600 refugios de ómnibus, y 5250 bicicleteros», para municipios del Gran Buenos Aires.
En cuanto a los drones, “más de 21 millones de dólares en proyectos para la realización de drones” y que “hoy no tenemos un solo dron de fabricación nacional y el desafío es tener, fabricar, producir drones en la República Argentina para que posibiliten el control y vigilancia de nuestras fronteras, el control y vigilancia de nuestro espacio aéreo marítimo”.
Detalló que en FADEA , «más de 260 millones de dólares que se pagaron en el anterior gobierno, no encontraron devolución en prestaciones concretas. Así hoy nos faltan los aviones, los IA 100, los Pampa y nos faltan los remolcadores que nos deben y también esos recursos muchas veces iban a cubrir los déficit de las empresas de la defensa y así es como más de 160 millones de dólares fueron a cubrir déficit operativos».
«Esa Argentina en donde los recursos que se destinaban para la defensa iban a la fabricación de pérgolas no va más, esa Argentina, en donde los recursos de las Fuerzas Armadas terminaban en cajas de la política se terminó, se acabó», enfatizó.
Ante la situación, se solicitaron auditorías a la Fábrica Argentina de Aviones; al Complejo Industrial y Naval Argentino Tandanor y a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE), tras lo cual se analizará la presentación de acciones judiciales.
Particularmente se investiga el alcance de convenios que el Gobierno, a través de la Fuerza Aérea y la Armada Argentina, con FADEA y Tandanor por la incorporación y modernización de 17 aeronaves Pampa y Pucará y unas 14 embarcaciones, entre las que se destaca la coberta ARA Parker.
Por otra parte, entre 2020 y 2023 desde el Ministerio de Defensa se transfirieron unos 166.391.225 dólares a Fabricaciones Militares y a la Fábrica Militar de Aviones.
