El Gobierno Nacional avanza en el proceso de privatización de cuatro importantes centrales hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, situadas sobre el Río Limay en Neuquén y Río Negro. A través del decreto 895, se designó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada en julio, como la entidad responsable de gestionar la venta del paquete accionario de estas centrales.
Detalles del proceso de privatización
La decisión implica que las empresas estatales Enarsa y Nucleoeléctrica transferirán sus acciones a la Secretaría de Energía, que las pondrá a la venta. Según el decreto, dentro de los 180 días posteriores a su entrada en vigencia, la Agencia deberá convocar a un Concurso Público Nacional e Internacional para proceder con la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada central.
El Gobierno también anunció la prórroga de un año en las concesiones actuales de estas represas, que están en manos de empresas como AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto. Esta medida busca facilitar la transición hacia la privatización.
Reclamos de las provincias
Los gobiernos de Neuquén y Río Negro han solicitado desde hace tiempo mayor control sobre las hidroeléctricas que generan energía en sus territorios, argumentando que se trata de recursos naturales propios. Durante el mandato de Alberto Fernández, se negociaban esquemas para que las represas fueran gestionadas por el Estado, pero ahora el enfoque se ha dirigido hacia la privatización.
Rol de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas
La Agencia, encabezada por Diego Chaher, fue creada para gerenciar la venta de compañías estatales al sector privado. Su responsabilidad incluye aspectos legales y normativos relacionados con el proceso de privatización, así como la elaboración de la documentación necesaria para los concursos de venta.
Además, se derogó el decreto 19 de 2004, que otorgaba a la cartera de Energía la responsabilidad de nombrar directores o interventores en empresas con participación estatal, lo que refuerza el papel de la nueva Agencia en la gestión de estos procesos.
