El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el titular de ARCA, Juan Pazo, presentaron el «Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos». El paquete incluye desregulaciones fiscales, eliminación de regímenes informativos y una reforma legal para proteger la privacidad financiera. Apuntan a liberar el uso de los ahorros privados y dinamizar el consumo, atrayendo parte de los más de USD 200.000 millones que, según estimaciones, los argentinos guardan fuera del sistema financiero.

El plan se divide en dos etapas. La primera se implementará vía decreto, con medidas que entran en vigencia de inmediato y que no requieren tratamiento legislativo. La segunda dependerá de un proyecto de ley que buscará asegurar, a largo plazo, la privacidad de los datos personales vinculados al dinero y a las operaciones económicas de los ciudadanos.

Desde ahora, ya no será obligatorio informar compras con tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales. También se eliminan los reportes obligatorios por parte de escribanos, concesionarios de autos usados, administradoras de consorcios y empresas de servicios públicos. Tampoco será necesario informar al Estado sobre propiedades en venta a través del COTI, ni sobre consumos de servicios como luz, gas o telefonía.

El mensaje oficial subraya un «cambio de paradigma», en el que el Estado deja de asumir que el ciudadano es sospechoso por defecto. Según expresaron desde el equipo económico, “lo tuyo es tuyo y podés gastarlo como quieras”, dejando en claro que el objetivo es reconstruir la confianza del ahorrista en el sistema.

El proyecto de ley que se presentará en el Congreso buscará blindar estas medidas para que no puedan revertirse fácilmente con cambios de gobierno. De este modo, el Ejecutivo aspira a brindar garantías jurídicas que permitan el regreso masivo de capitales al circuito formal, sin temor a represalias tributarias.

Sin embargo, detrás del discurso libertario de la libre disposición del dinero, el trasfondo es claro: el Gobierno espera que los propios ciudadanos, con sus ahorros en dólares, sean quienes financien la deuda pública que el mismo Estado sigue acumulando. El plan, en definitiva, apunta a que los contribuyentes tapen con sus billetes verdes el agujero fiscal generado por decisiones oficiales.