Tras anunciar la baja de aranceles para la importación de celulares, el Gobierno nacional anticipó que pondrá en revisión el régimen especial que rige en Tierra del Fuego, clave para la industria tecnológica de la provincia. La medida, resistida por el gobernador Gustavo Melella, podría oficializarse vía decreto en las próximas horas, en medio de un fuerte conflicto con los trabajadores y las empresas del sector.

Desde la Casa Rosada justifican la decisión con argumentos de competitividad y reducción de costos para los consumidores. Sin embargo, la baja de aranceles (del 16% al 0% en etapas hasta enero de 2026) y de impuestos internos ya provocó reacciones en la isla: la Unión Obrera Metalúrgica inició un paro por tiempo indeterminado y el gobierno provincial advirtió que judicializará la norma si no se revisa.

Voceros oficiales aseguraron que ya no habrá diálogo con Tierra del Fuego y que el actual sistema es «un curro», mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que “no tiene razón de ser” que el resto del país subsidie una región por un régimen creado hace 50 años. El ministro Federico Sturzenegger, por su parte, reconoció que puede haber pérdida de empleos, pero defendió la medida como parte de un cambio estructural.

Las autoridades fueguinas denunciaron que no fueron consultadas y acusan al Ejecutivo de ignorar el impacto social de la medida. “Son puestos de trabajo que se pierden”, advirtió Melella, quien comparó la situación con la caída del empleo industrial durante el gobierno de Mauricio Macri. La industria electrónica es una de las principales fuentes de empleo privado en la provincia.

Además de celulares, la baja de impuestos internos alcanzará también a televisores y aires acondicionados. Para los productos fabricados en la isla, el impuesto se reducirá al 0%, pero el efecto general de la apertura preocupa a sindicatos y empresas por igual. El diputado libertario Santiago Pauli afirmó que “las empresas se llenaron de plata durante años”, y minimizó las consecuencias de la medida.

El Fondo Monetario Internacional ha señalado que este tipo de beneficios fiscales generan inequidades. Según el centro de estudios Fundar, el régimen fueguino implica un costo fiscal de USD 1.070 millones al año. Sin embargo, aún no se presentó un plan nacional alternativo de reconversión productiva para la provincia.