En un reciente anuncio oficial, el gobierno nacional ha resuelto prorrogar por un año las concesiones de las represas hidroeléctricas ubicadas en la región, y ha establecido un nuevo esquema para su privatización. Esta medida, detallada en el decreto 718/24 publicado hoy en el Boletín Oficial, marca un cambio significativo en la gestión de estas instalaciones clave para el sector energético.

Detalles del Decreto 718/24:

El decreto establece que en un plazo de seis meses se llevará a cabo una licitación pública internacional para la privatización de las represas. Este proceso abrirá la puerta a nuevos operadores para la gestión de estas importantes infraestructuras.

Concesionarias Actuales:

Las concesionarias actuales, que incluyen deberán decidir si aceptan continuar con la operación bajo las nuevas condiciones establecidas. Esto implica cumplir con “la totalidad de las obligaciones de sus respectivos contratos de concesión” y actualizar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual no podrá ser inferior a 4,5 millones de dólares.

• El Chocón – Arroyito (Enel Generación)
• Cerros Colorados – Planicie Banderita (Orazul)
• Alicura (AES)
• Piedra del Águila (Central Puerto)

La privatización de estas represas podría tener diversas implicancias para el sector energético y para la región. El decreto estipula que en un plazo de 180 días corridos se llamara a un concurso público nacional e internacional para “la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de cada una de las represas. En ese plazo, Enarsa y Nasa (las empresas estatales que hoy administran las acciones del Estado nacional), deberá transferirlas a la secretaría de Energía.

Será la secretaría de Energía la encargada de redactar el pliego de licitación, que deberá incluir “el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión”. Si el concurso fuera declarado desierto o fracasado, las acciones permancerán en poder del Estado Nacional.

Otra cuestión central para las provincias de Río Negro y Neuquén es quién ejerce el poder de control de toda la cuenta. Este decreto, en su artículo 16, establece claramente que la autoridad de concesión de los complejos hidroeléctricos será “la secretaría de Energía del ministerio de Economía”. Esto “sin perjuicio de las atribuciones y responsabilidades de las autoridades competentes en lo relativo al manejo de aguas y protección del ambiente, y seguridad de presas, embalses y obras auxiliares”.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad será el organismo responsable de controlar “las obligaciones emergentes del Contrato de Concesión que no estén asignadas a otros organismos”.