El Gobierno nacional anunció que los clubes de barrio y de pueblo deberán revalidar su inscripción para continuar accediendo a los subsidios en las tarifas de luz y gas. La medida fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien argumentó que busca excluir a entidades que reciben beneficios pese a no cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

Actualmente, unas 2.228 instituciones gozan de estos subsidios energéticos. Para acceder al beneficio, los clubes deben tener personería jurídica vigente, al menos tres años de antigüedad y entre 50 y 2.000 socios. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguraron que se detectaron numerosas irregularidades, y que la revalidación obligatoria buscará corregir esos desvíos.

Adorni denunció que durante años hubo clubes de élite que se inscribieron como entidades sociales para recibir subsidios, entre ellos un club de rugby con sede en Avenida del Libertador y un club de fútbol profesional que milita en la segunda categoría de AFA. También citó casos de clubes que debían pagar cifras millonarias por servicios y, gracias a los subsidios, abonaron sumas muy por debajo de lo correspondiente.

La Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, afirmó que los casos irregulares ya fueron excluidos del régimen, y que el nuevo proceso de reinscripción, que se hará por la plataforma TAD, requerirá una declaración jurada. Desde el Gobierno aseguran que ningún club que realmente necesite el beneficio quedará fuera.

El objetivo de fondo, explicaron desde Casa Rosada, es sanear el esquema tarifario, garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y evitar que el sistema continúe siendo utilizado por entidades con capacidad de pago o fines comerciales. Por eso, se establecerán nuevos criterios objetivos para filtrar los subsidios.

Aunque aún no se precisó cuándo entrará en vigencia la medida, se espera que los detalles sean publicados en las próximas horas en el Boletín Oficial. Mientras tanto, desde el oficialismo insisten en que este tipo de controles son indispensables para asegurar la transparencia en el uso de fondos del Estado.