El Ministerio de Justicia oficializó una fuerte reestructuración que convierte a la Secretaría de Derechos Humanos en una Subsecretaría, acompañada de un recorte del 40% en su estructura. Según detallaron, la medida busca “garantizar la universalidad de los derechos humanos” y evitar enfoques ideológicos o partidarios. La reducción también impactará en el personal, con un recorte estimado del 30%.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que “la defensa de los derechos humanos no puede estar atada a una mirada política”. Por su parte, el ministro Mariano Cúneo Libarona explicó que desde su llegada al cargo ya se desvincularon 405 trabajadores, lo que representa el 44% del personal original, y que la reestructuración generará un ahorro de $9.000 millones anuales.

La decisión también implica una reducción a la mitad de los cargos jerárquicos dentro del área y una nueva organización que integrará al Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de la Memoria ESMA como unidades del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), con sede en Buenos Aires.

En paralelo, el Gobierno publicó el Decreto 342/2025, que modifica la Ley de Asociaciones Sindicales y redefine el rol del Estado en los procesos electorales gremiales. A partir de ahora, la intervención estatal quedará limitada a situaciones excepcionales como acefalías o vacíos estatutarios.

Según la Casa Rosada, estos cambios buscan reordenar funciones del Estado en un marco de ajuste más amplio. Desde el oficialismo aseguran que se respetará el principio de autonomía sindical, al tiempo que se simplifican los procedimientos de convocatoria y votación en los gremios.