En una jornada adversa para el oficialismo, el Senado de la Nación sancionó tres leyes clave impulsadas por la oposición: mejoras a las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. El resultado dejó al Gobierno sin defensa política en el recinto y expuso nuevas tensiones internas con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien la Casa Rosada responsabilizó por lo ocurrido.

Las nuevas medidas contemplan un aumento del 7,2% para haberes y pensiones, una suba del bono de $70.000 a $110.000 con actualización por inflación, y la reactivación por dos años de la moratoria para quienes no tengan 30 años de aportes. La emergencia en discapacidad, por su parte, estará vigente hasta 2027 e incluye actualización de pensiones, aranceles y modificaciones al Certificado Único de Discapacidad.

Durante el debate, legisladores de distintos bloques señalaron la crítica situación de los jubilados. Desde el kirchnerismo, Mariano Recalde cuestionó el congelamiento del bono y denunció el creciente endeudamiento de familias. Desde el radicalismo y el PRO disidente también hubo respaldo parcial, aunque algunos, como Guadalupe Tagliaferri, insistieron en la necesidad de encarar una reforma previsional más estructural.

El oficialismo, sin herramientas para frenar el avance de los proyectos, ya anticipó que analiza vetar las leyes o incluso judicializar la sesión. El radical Pablo Blanco rechazó la moratoria pero criticó la situación actual de los jubilados, mientras que Luis Juez y otros senadores remarcaron la necesidad de atender con urgencia la deuda histórica con las personas con discapacidad.

La votación del proyecto jubilatorio obtuvo 52 votos afirmativos en general, sin rechazos y con cuatro abstenciones. La moratoria fue aprobada con 39 votos positivos, 14 negativos y una abstención. Finalmente, la emergencia en discapacidad se sancionó con 56 votos afirmativos mediante sistema electrónico.

Pese a los intentos del oficialismo por frenar el tratamiento, el pleno del Senado avanzó con una mayoría amplia. En ese contexto, el Gobierno queda obligado a tomar una definición política: vetar leyes con alto consenso o asumir el costo fiscal que implican, en un contexto económico complejo.