El presidente Javier Milei planteó la posibilidad de una intervención federal en la provincia de Buenos Aires, tras el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en un robo en La Plata. A través de su cuenta de X, el mandatario pidió la renuncia del gobernador Axel Kicillof para permitir la intervención, argumentando que la inseguridad en la provincia se ha convertido en un «baño de sangre». Sin embargo, este mecanismo requiere cumplir ciertas condiciones establecidas en la Constitución Nacional y contar con la aprobación del Congreso.

La intervención federal está prevista en el artículo 6º de la Constitución y solo puede aplicarse en tres casos específicos: garantizar la forma republicana de gobierno, repeler invasiones exteriores o sostener a autoridades locales si fueron depuestas por sedición o por otra provincia. Desde la reforma de 1994, el Congreso tiene la atribución de aprobarla, aunque el Presidente puede decretarla en caso de receso parlamentario, sujeto a posterior validación legislativa. Debido a su impacto en la relación entre la Nación y las provincias, esta medida implica un alto riesgo político