El Ministerio Público Fiscal (MPF) realiza procedimientos para secuestrar información en la Legislatura y en la Casa de las Leyes, en la ciudad de Neuquén.

Los operativos fueron requeridos por la fiscalía de Delitos Económicos, y los realizan el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narvaez, con el apoyo de personal de la Policía provincial.

También por pedido del MPF, se realiza el allanamiento en una vivienda particular del coordinador de la Casa de las Leyes, en la ciudad de Plottier.

Todas las medidas fueron autorizadas por el juez de garantías Juan Manuel Kees.

Los procedimientos son en el contexto de una investigación iniciada por el MPF por los supuestos delitos de peculado y fraude a la administración pública.

La investigación comenzó en el transcurso de este mes, a instancias de una publicación del diario “Río Negro” sobre una presunta maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración pública, mediante la designación de personal  en la Legislatura de parte de la vicegobernadora Gloria Ruiz.

Luego, el 20 de noviembre, la apoderada del Banco Provincia de Neuquén (BPN) presentó una denuncia en la fiscalía de Delitos Económicos, sobre la existencia de hechos que podrían constituir delitos.

En forma puntual, indicó que la entidad cuenta con un área que tiene entre sus funciones el monitoreo de las “Personas Expuestas Políticamente” (PEP), denominada Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

En ese contexto, “se detectaron situaciones vinculadas al señor Pablo Antonio Ruíz”,  hermano de la vicegobernadora y coordinador de la Casa de las Leyes. “Recibió acreditaciones significativas diferentes a sus haberes de parte de la Legislatura por un monto de 29.854.350 pesos”, indica la denuncia.  Y especifica que realizó “extracciones en efectivo por 20.600.000 pesos”.

También señala que “se advirtió que el señor Ruíz utilizaba la mayoría de los fondos de su cuenta para constituir plazos fijos, incrementando notoriamente su volumen a partir de las acreditaciones que recibió por fuera de sus haberes”.

La situación fue advertida al señor Ruíz por la entidad bancaria, quien informó que las acreditaciones correspondían a “viáticos  y programas”.

La Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo también advirtió a la Legislatura el 21 de agosto pasado sobre la situación. Desde entonces no se realizaron más  transferencias a la cuenta personal del señor Ruíz, quien al día de la fecha cuenta con 51 millones de pesos en plazos fijos.

Entre los motivos para requerir los procedimientos ante el juez de garantías, el fiscal jefe y el fiscal del caso plantearon que “más allá de la confusión en los fondos entre los públicos y los privados, el señor Ruíz constituyó sucesivamente plazos fijos con casi la totalidad de los fondos obrantes en su cuenta, incluso con posterioridad al mes de agosto de 2024 donde dejó de recibir fondos de la Legislatura de Neuquén diferentes a sus haberes. Vale decir que obtuvo rédito económico con operaciones financieras cuyos montos se originaron parcialmente en dineros de naturaleza pública”.

Por ello, “entendemos que podrían existir hechos de naturaleza delictiva dado que cabría considerar que, al menos, podría darse el supuesto previsto por el Art. 261 del Código Penal en cuanto a que habría una sustracción de caudales confiados al señor Ruíz en razón de su cargo y que ellos posibilitaron un aumento de su capacidad económica para constituir instrumentos financieros (plazo fijos) que le otorguen dividendos dinerarios”.

El objetivo de los procedimientos en la Legislatura y la Casa de las Leyes, y del allanamiento de la vivienda del coordinador de la Casa de las Leyes, es secuestrar información en facturas, recibos, remitos y rendiciones de gastos, así como dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras, notebooks.