El Gobierno nacional confirmó que seguirá adelante con el plan de concesionar líneas ferroviarias a operadores privados, desmintiendo cualquier freno en el proceso. La decisión genera preocupación entre especialistas y usuarios por el posible deterioro de un servicio esencial para la conectividad y la movilidad de millones de personas en un país de grandes distancias.

El esquema propuesto implica que cada línea —Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur—, junto a los servicios regionales y de larga distancia, sea administrada por empresas privadas que cobrarán un peaje por el uso de la infraestructura, mientras otras se encargarán del mantenimiento de unidades y talleres. Organizaciones de usuarios y sindicatos advierten que este modelo puede derivar en aumentos de tarifas, recortes de frecuencias y pérdida de cobertura territorial, recordando que políticas similares ya se implementaron en los años ’90 y derivaron en el cierre de ramales, despidos masivos y aislamiento de pueblos enteros.

En paralelo, Trenes Argentinos redujo su estructura: de cuatro gerencias generales pasó a dos, eliminó la Jefatura de Gabinete y achicó la plantilla en cerca de 3.000 puestos en apenas 50 días. Desde el sector gremial señalan que estos recortes podrían afectar el servicio, en un contexto donde la red ferroviaria ya presenta deficiencias históricas.

Como parte del proceso, las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIFSA) se transformaron en sociedades anónimas, un paso que, según voces críticas, abre la puerta a una privatización total y reduce el control estatal sobre un medio de transporte que ha sido clave para la integración y el desarrollo de las regiones.