La jueza penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, defendió enérgicamente su decisión de liberar a los 114 detenidos durante los incidentes ocurridos en el Congreso en el marco de la movilización en defensa de los jubilados. En una entrevista con la periodista María O’Donnell en Urbana Play, Andrade aseguró que la medida no fue una «decisión trasnochada», sino una acción tomada bajo el principio de priorizar los derechos constitucionales, especialmente el derecho a la protesta.

Críticas del Gobierno y la falta de pruebas

El gobierno nacional reaccionó rápidamente ante la decisión judicial, con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunciando que se presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires por “posible incumplimiento de funciones”. Asimismo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lamentó que la justicia haya liberado “en tiempo récord” a la mayoría de los detenidos, cuestionando la resolución de la jueza.

En respuesta, Andrade señaló que tanto la Policía como la Fiscalía no presentaron pruebas suficientes que justificaran las detenciones. “Ni la Policía ni la Fiscalía aportaron pruebas concretas. Esto merecía una respuesta rápida con los elementos que tenía, y no se cumplían los requisitos básicos de información al juez”, explicó. Además, aclaró que los manifestantes que portaban armas fueron excluidos de la liberación y continúan bajo investigación.

Defensa de los Derechos y la Constitución

La jueza también destacó que su fallo estaba enmarcado en la protección de los derechos constitucionales, en particular, el derecho a la protesta, que está garantizado por la Constitución Nacional. “El derecho a manifestarse está especialmente protegido, y desde el Poder Judicial corresponde atender a ello”, subrayó.

Ante las críticas que la vinculan con el kirchnerismo, Andrade defendió su imparcialidad, afirmando: “Soy una persona técnica, más allá de los lugares en los que me ha tocado estar”. Además, aclaró que su decisión no significa que los detenidos estén exentos de sanciones futuras. “La investigación sigue. Soy la jueza de la causa, y la sentencia dejó en claro cuál es el ABC del control de la detención de una persona en este país”, concluyó.

La resolución de Andrade ha generado un amplio debate en torno al equilibrio entre el derecho a la protesta y las medidas de seguridad, dejando claro que el proceso judicial sigue su curso.