La jueza estadounidense Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, emitió este lunes un fallo clave que afecta a Argentina en la causa por la expropiación de YPF en 2012. La magistrada rechazó el pedido del Gobierno nacional para suspender la transferencia de acciones de la empresa a Burford Capital, firma que compró los derechos para litigar en el juicio.

En su resolución, Preska señaló que Argentina no cumplió con las condiciones previas necesarias para obtener una suspensión sin garantía de la sentencia de septiembre de 2023. La jueza acusó al país de intentar “eludir sus obligaciones” mediante tácticas dilatorias y recordó que, pese a la prórroga para facilitar la transición de gobierno, no hubo esfuerzos reales para cumplir las condiciones impuestas.

“La República alega que sufrirá un daño irreparable, pero ese daño es consecuencia directa de sus propias acciones para retrasar e intentar evadir la sentencia”, señaló la magistrada en términos duros hacia la administración argentina.

Ante esta situación, el Gobierno ya apeló la decisión ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito y solicitó una suspensión administrativa temporal mientras se tramita el pedido. Preska extendió el plazo para ejecutar la orden hasta el 17 de julio para que la Cámara pueda resolver.

De no prosperar las medidas, Argentina podría caer en desacato con la corte de Preska, que tiene jurisdicción sobre causas vinculadas a empresas que cotizan en Wall Street, como YPF, que lo hace desde hace más de 30 años. El pedido formal de desacato deberá hacerlo Burford, el demandante.

Especialistas como Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, advierten que el país buscará agotar las vías legales para evitar un impacto mayor y no descartan negociaciones para mitigar daños, aunque la sentencia de primera instancia sigue vigente y la jueza ordenó la transferencia de acciones para que Burford pueda cobrar.

Este proceso es parte de un entramado judicial complejo, donde la apelación del caso principal de los 16.000 millones de dólares se sigue por otro expediente que podría resolverse en aproximadamente un año, mientras tanto la orden de Preska se mantiene activa.