La Corte Suprema de Justicia dictó un fallo histórico contra Tabacalera Sarandí y su propietario, Pablo Otero, conocido como el «Señor del Tabaco». Por unanimidad, el máximo tribunal declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco, obligando a la empresa a pagar una deuda acumulada de más de 1.000 millones de dólares desde 2018. El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y tres conjueces, desestimó todos los argumentos de la firma, que durante años se amparó en medidas cautelares para evitar el pago.

El núcleo de la decisión judicial fue que la compañía no logró demostrar que el impuesto fuera «irrazonable» o afectara su derecho de propiedad. Los magistrados remarcaron que los tributos son una herramienta legítima del Estado para regular actividades, y que en este caso tienen además un fin de salud pública: desalentar el consumo de cigarrillos. Calificaron la presentación de la tabacalera como “desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente”.

La empresa había iniciado la demanda en 2018 alegando ser una pequeña Pyme incapaz de competir bajo este régimen impositivo. Sin embargo, al no pagar el impuesto, su participación de mercado creció del 5,6% en 2016 al 38,4% en 2023. El propio Otero reconoció que la firma factura 800 millones de dólares anuales, una cifra que contrasta con su supuesto perfil de pequeña empresa.

Con este fallo, que también desechó la última maniobra dilatoria de Otero, finaliza una prolongada disputa judicial que le permitió a Tabacalera Sarandí expandirse sin abonar tributos clave. Ahora, la compañía deberá afrontar el pago de la deuda millonaria que mantiene con el fisco.