La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza recibió demandas por daños y perjuicios, y otra por fraude en la venta de terrenos para un proyecto inmobiliario en Las Grutas.

Entre las ventas concretadas a quienes decidieron invertir, a fines de 2020 Villaverde le vendió a una mujer un terreno por 1,5 millones de pesos con el compromiso de escriturarlo en el plazo de 10 meses prorrogables, en caso de que fuese necesario, por 6 meses más. Ese plazo venció el 20 de febrero de 2022.

En mayo de 2022, al no tener noticias sobre la posesión del terreno que había adquirido, y donde ya estaba construyendo, la mujer envió una carta documento intimando a finalizar las obras comprometidas en el loteo, para tomar posesión formal de su propiedad.

En los planos catastrales del municipio de San Antonio Oeste, la zona involucrada figura como zona rural, y que no posee habilitación para que se pudiera construir.

Lucas Cerro, abogado querellante en la causa, ha denunciado a Lorena Villaverde por presunta participación en un esquema de venta de terrenos bajo condiciones fraudulentas.

Los denunciantes alegan que Villaverde comercializó terrenos prometiendo contratos que, en realidad, eran incumplibles. Estas acusaciones incluyen demandas por daños y perjuicios, así como cargos de fraude. Según Cerro, el primer reclamo se presentó antes de que Villaverde se convirtiera en una figura política prominente, lo que añade una capa adicional de complejidad a la situación.

«El primer reclamo contra la diputada Villaverde fue hecho antes de que ella se volviera una figura pública conocida,» explicó Lucas Cerro. Esto sugiere que las acusaciones no están vinculadas a su carrera política, sino a una serie de transacciones cuestionables realizadas en su capacidad privada.

La justicia de Río Negro ha ofrecido instancias de mediación obligatoria para resolver el conflicto fuera de los tribunales. Sin embargo, la negativa de Villaverde a reconocer cualquier responsabilidad ha complicado la posibilidad de llegar a acuerdos extrajudiciales. Esta falta de disposición para mediar ha llevado a que los casos continúen su curso, con el riesgo de que terminen en juicios prolongados.