La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este 11 de julio que Cristina Fernández de Kirchner deberá continuar cumpliendo prisión domiciliaria con tobillera electrónica y respetando el régimen de visitas previamente establecido. El tribunal rechazó el pedido de la defensa para flexibilizar estas condiciones, y también consideró el recurso del fiscal general Mario Villar, quien finalmente lo retiró tras reconocer que la ex presidenta cumple con lo previsto.

El tribunal, integrado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, sostuvo que ambos mecanismos son necesarios: la tobillera permite un control permanente, mientras que las restricciones a las visitas no previstas en la nómina garantizan la seguridad judicial e institucional. Sin embargo, Borinsky se mostró en disidencia, considerando que la custodia policial es suficiente y que el dispositivo electrónico resulta excesivo.

En la audiencia pública, se destacó que el arresto domiciliario es una excepción bajo control judicial y sujeto a revisión según cambien las circunstancias. Hornos enfatizó que “el cumplimiento de la sanción por delitos de corrupción debe ir más allá de lo meramente formal” y que nadie puede estar por encima de la ley. La resolución remarca que no existe impedimento técnico o médico para el uso de la tobillera.

La defensa argumentó que la restricción a las visitas fuera de la nómina, y el uso del dispositivo, limitan derechos sin justificación clara. En respuesta, el tribunal aclaró que la nómina puede ampliarse vía trámite judicial razonable y que la legislación actual exige la colocación de la tobillera salvo excepción debidamente fundada.

Este fallo se da en un contexto judicial más amplio: Cristina Kirchner debe devolver $684.990 millones al Estado por coimas en la causa Vialidad, y enfrenta otras investigaciones como Hotesur. Asimismo, en causas como “Los cuadernos de las coimas” y el memorando con Irán, la ex presidenta tiene procesos judiciales en curso.

La última palabra sobre una posible flexibilización del régimen depende del estado médico y del seguimiento de la pena. El tribunal aclaró que, ante eventual cambio de condiciones, su resolución puede ser revisada. Mientras tanto, Cristina Kirchner seguirá monitoreada electrónicamente y con visitas autorizadas por la Justicia.