Tras las marcadas subas en las cuotas, las empresas de medicina privada prevén un impacto en la cantidad de asociados y buscan estrategias para retenerlos.
Tras conocerse el paquete de medidas impuestas por DNU por el gobierno de Javier MIlei, las entidades de medicina prepaga anunciaron fuertes aumentos en sus cuotas a partir de enero.
Pero, en medio de un contexto de crisis económica, poder contar con cobertura médica se hace cada vez más difícil.
Así, luego de que las empresas de medicina privada advirtieran a los usuarios que las facturas de enero llegarán con incrementos promedio de 40% (en parte para compensar la inflación del mes y en parte para recomponer las pérdidas de 2023 que denuncia el sector), planean estrategias para evitar una baja masiva de afiliados.
Aunque los empresarios denuncian un brutal desfinanciamiento del sector, entienden que recomponer lo perdido de un mes a otro tendría un costo insostenible por las bajas de afiliados que representaría.
“Vamos a tener que usar la creatividad”, señaló una fuente del sector, en alusión a una idea que va ganando consenso entre los directivos de las empresas de medicina prepaga: el diseño de propuestas de cobertura “low cost” como respuesta al desafío de ajustar sus honorarios y, al mismo tiempo, mantener la cartera de afiliados sin sufrir un éxodo masivo.
“La idea es, progresivamente, ir recuperando lo perdido en estos años de desfinanciamiento, pero el problema es la inflación muy alta, por lo menos hasta marzo”, compartió un directivo que varias veces insistió en la necesidad de «balancear» para proteger la cartera de clientes: “Sabemos que algunos se van a caer del sistema, pero tiene que ser la menor cantidad posible”.
Si bien cada empresa tendrá libertad de acción, la estrategia tiene dos variables importantes. Por un lado, ajustar las cuotas mes a mes al ritmo de la inflación, más un plus en nombre de los puntos resignados en 2023, que se aplicará a los afiliados en cómodas cuotas. Algunos estiman seis meses; otros, un año.
Por otro lado, buscan ofrecer propuestas de planes más baratos para conservar la fidelización, ya que, se sabe, el salario no solo no está acompañando la inflación, sino que los usuarios no están en condiciones de afrontar cuotas con un plus por encima de ella.
Esta estrategia se da en un contexto de tensiones entre las empresas y el Gobierno durante el último año, que derivó en el cobro de copagos ilegales, falta de insumos, éxodo de profesionales y usuarios que, por la escalada inflacionaria, debieron optar por un plan menor o directamente darse de baja.
Cómo serían los planes low cost
Referentes de empresas privadas de salud señalan cómo la normativa cambiará por completo un negocio “estancado hace años”, un aspecto que al usuario quizás le cueste dimensionar, pero que a las entidades les resulta llamativo.
«La desregulación de las cuotas abre la competencia entre las empresas”, remarcó una fuente del sector, como si fuera algo completamente novedoso.
Hasta ahora las compañías podían aumentar todas lo mismo y todas se quejaban de la insuficiencia de los porcentajes autorizados, mucho menores -señalaban- que los incrementos de precios que debían afrontar en rubros como el de los insumos descartables, los medicamentos y las paritarias de los profesionales de salud.
El nuevo escenario les da una libertad amplia en materia de honorarios y servicios a prestar, más allá de garantizar la cobertura básica del Plan Médico Obligatorio (PMO).
Las ofertas low cost, fueron definidas como “planes parciales”. Algunos ejemplos que se piensan sólo incluyen internación, por ejemplo, o internación en casos de cirugía.
El director de una gran entidad del rubro dijo que consideraban la posibilidad de diseñar “planes que cubran enfermedades y tratamientos de alto costo” (también llamados “catastróficos”) o, al revés, “planes que incluyan todo menos los tratamientos y medicamentos de alto costo». O, «en cambio, que los incluyan en forma reducida”, agregó.
Si la tendencia a los planes más baratos se consolida, parecería lógico que aparezcan propuestas con un límite acotado de consultas y prácticas anuales, sin plan odontológico o sin cobertura en rehabilitaciones, por citar ejemplos. “Lo más parecido a un plan cerrado”, aclaró el directivo de la entidad.