El presidente Javier Milei habló por primera vez sobre el caso de las valijas ingresadas al país en un vuelo privado procedente de EE. UU. que, según dos fiscales, no habrían sido controladas por Aduana. El mandatario lo calificó como un “vuelto” por sus reformas y minimizó la denuncia tildándola de “una pelotudez del tamaño de una casa”, acusando que se armó “un collage de fotos para generar una historia falsa”.

En diálogo con Luis Majul en El Observador, Milei insistió en que “no hay ninguna irregularidad” y que “buscar una irregularidad es un disparate”. Además, desacreditó el reclamo de los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez, quienes exigen investigar el hecho en profundidad. También explicó que el equipaje provenía de EE. UU., por lo que ya había pasado un control serio previo.

Sin embargo, según un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y registros de seguridad del aeropuerto, el jet matrícula N18RU, propiedad de Leonardo Scatturice –empresario con vínculos a CPAC y recientemente incorporado a Flybondi–, ingresó a Aeroparque el 26 de febrero con al menos diez bultos que no pasaron por el escáner, mientras pasajeros de otros vuelos sí fueron inspeccionados. Además, las imágenes muestran a la pasajera Laura Belén Arrieta, empleada de OCP Tech y parte del comité organizador de CPAC Buenos Aires, usando un celular para comunicarse con alguien “de arriba” antes de eludir el control.

También han surgido dudas sobre qué contenían los bultos: desde dólares para financiar campaña hasta equipos de inteligencia o información sensible vinculada a redes de espionaje. Scatturice, exagente de la SIDE y cercano a sectores de ultraderecha vinculados a Trump, figura en la mira por posibles tramas financieras y de influencia. Por su parte, el Gobierno sostiene que todo se hizo de forma “selectiva y convencional” por Aduana, como lo definió Milei, y que ni el avión ni los pasajeros evadieron sus controles en EE. UU.

Mientras tanto, los fiscales ya pidieron informes, cámaras, antenas y testimonio de agentes y personal involucrado, y el juez Pablo Yadarola avanza en la causa judicial, a pesar de la negativa presidencial. El caso adquiere relevancia política por sus nexos con los entornos del poder argentino y EE.UU., y por exponer tensiones entre la versión del Ejecutivo y las evidencias recabadas por la Justicia.