El Gobierno Nacional anunció este lunes el cierre definitivo de Vialidad Nacional, junto con otros dos organismos del área de transporte, a través de un decreto que se publicará en las próximas horas. La medida, presentada como parte de una “reorganización del Estado”, impacta directamente en las provincias, que dependen de la inversión nacional para el mantenimiento y construcción de cientos de kilómetros de rutas que cruzan su territorio.

La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia encabezada con un video que apuntó a causas de corrupción en la obra pública, en particular la conocida “Causa Vialidad”. “El presidente Javier Milei ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad”, dijo Adorni, quien también informó que se disolverán la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Desde Casa Rosada aseguraron que se abrirá una licitación para 9.120 kilómetros de rutas que hoy se encuentran degradadas. Sin embargo, no hubo precisiones sobre cómo se financiarán ni qué rol tendrán las provincias en su ejecución. En regiones como la Patagonia, donde las rutas nacionales son el único eje de conexión entre localidades, el anuncio generó incertidumbre respecto al futuro del mantenimiento vial y la seguridad en los tramos críticos.

En ese marco, el cierre de Vialidad también puede leerse como un mensaje directo del presidente Milei a los gobernadores, quienes habían reclamado públicamente que una parte de la recaudación nacional destinada a obras viales fuese transferida o coparticipada para su ejecución local. La eliminación del organismo se da además justo antes del vencimiento de las facultades delegadas que tuvo el Ejecutivo durante los últimos meses.

Mientras tanto, la CNRT será reconvertida en una nueva Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte. Según el Gobierno, esta estructura asumirá la fiscalización de las concesiones viales, aunque sin dar detalles sobre cómo se articulará con los distritos provinciales ni qué pasará con los empleados de los entes disueltos. Por ahora, las provincias aguardan señales claras sobre cómo se garantizará la conectividad vial que sostiene su economía y su vida cotidiana.