El presidente Javier Milei presentó esta semana denuncias judiciales contra tres periodistas argentinos: Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad. Las acciones legales se suman a una serie de declaraciones públicas en las que el mandatario cuestiona abiertamente el rol de los medios de comunicación, acusándolos de mentir, calumniar y actuar como operadores políticos.

Durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, Milei confirmó que firmó tres denuncias. “Una es por tratarme de nazi”, dijo, al referirse a una afirmación que —según él— banaliza el Holocausto. La situación fue seguida con atención por referentes internacionales, entre ellos el presidente de Israel, quien expresó su respaldo al jefe de Estado argentino.

Las demandas se originan en calificativos vertidos por los periodistas, como “déspota”, “autoritario” y “dictador”, entre otros. Si bien el debate público en Argentina ha sido históricamente intenso, con fuertes críticas a los distintos gobiernos, la decisión de llevar opiniones periodísticas al terreno judicial marca una señal de alarma en materia de libertad de expresión.

En distintas intervenciones públicas, Milei también ha generalizado sus ataques, señalando que muchos periodistas “son prostitutas de los políticos” y que “calumnian desde la impunidad”. Aunque asegura que no usa recursos del Estado para perseguir voces críticas, sus palabras y decisiones abonan un clima hostil hacia el trabajo de la prensa.

Los organismos de prensa nacionales e internacionales observan con preocupación esta escalada. Mientras el gobierno sostiene que se trata de una defensa ante agravios personales, la judicialización del discurso crítico plantea un escenario delicado, donde el equilibrio entre libertad de expresión y el respeto institucional se vuelve cada vez más tenso.