El presidente Javier Milei vetó la ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca tras las trágicas inundaciones de marzo, y que preveía la creación de un fondo de $200 mil millones para obras de reconstrucción y subsidios a damnificados. La norma había sido aprobada por amplia mayoría en Diputados y por unanimidad en el Senado, incluso con el voto de La Libertad Avanza.

El Gobierno justificó el veto alegando “restricción presupuestaria” y afirmó que ya se creó por decreto un fondo similar y se están otorgando subsidios. Según fuentes oficiales, más de 32 mil personas ya recibieron ayuda económica y otras 4 mil están en evaluación.

La ley contemplaba no solo un fondo de emergencia por 180 días, sino también créditos a tasas preferenciales a través del Banco Nación para la reconstrucción de viviendas.

Sin embargo, el argumento oficial generó controversia, ya que en la misma edición del Boletín Oficial donde se publicó el veto, el presidente asignó más de 2 billones de pesos —diez veces más— para el pago de deuda pública, mediante el DNU 425, que modifica el presupuesto vigente.

Además, el Ejecutivo señaló que la ley vetada no especificaba la fuente de financiamiento, algo requerido por el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que obliga a identificar recursos cuando se aprueban gastos no contemplados en el presupuesto.

El contraste entre el veto a un fondo destinado a atender una emergencia social y la asignación masiva de fondos para deuda despertó críticas en diversos sectores políticos y sociales.