La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció un plan de lucha que afectará el normal funcionamiento de los vuelos en todo el país. La medida arranca este sábado con un paro entre las 13 y las 17 horas que afectará los servicios internacionales, y continuará el domingo de 19 a 22, en vuelos de cabotaje. El reclamo central es por un aumento salarial, tras una oferta de “0%” por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

El gremio denunció que llevan más de ocho meses sin actualizaciones salariales, y que la empresa estatal pretende cerrar la paritaria 2024/25 sin ofrecer ninguna mejora. Además, se suman reclamos por despidos que califican como ilegales, vaciamiento de áreas operativas y amenazas de cierre del centro de formación profesional del sector.

Las medidas se extenderán con nuevos paros programados para el martes 27, miércoles 28, viernes 30 y sábado 31 de mayo, día en el que la huelga alcanzará a toda la aviación. El sindicato, que conduce Paola Barritta, no confirmó si adaptará el alcance de las medidas a lo estipulado por el nuevo decreto 340, que obliga a garantizar un servicio mínimo del 75% en el caso del control aéreo.

El decreto fue publicado este miércoles por el Gobierno nacional y reglamenta el derecho de huelga en sectores clave como salud, educación y transporte. La norma obliga a los sindicatos a asegurar entre el 50% y el 75% de la prestación habitual, dependiendo del área, incluso en jornadas de protesta.

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo al decreto 340 y anticipó una ofensiva judicial para impedir su aplicación. “No se pueden imponer condiciones laborales por decreto, sin diálogo con los actores sociales”, afirmó el secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera, Gerardo Martínez.

Si bien la medida del gremio aéreo responde a un conflicto salarial puntual, se da en un contexto delicado: el gobierno nacional busca limitar el alcance de las huelgas con una normativa que, lejos de resolver conflictos, vulnera derechos laborales fundamentales. La nueva reglamentación choca con principios constitucionales y pone en tensión la libertad sindical en todo el país.