El Gobierno Nacional disolvió Vialidad Nacional y otros entes clave; sindicatos y trabajadores advierten sobre el impacto regional.
En el marco del proceso de reducción del gasto público y simplificación del Estado, el Gobierno Nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos, decisión que generó una fuerte preocupación en distintos sectores del país, especialmente en las regiones que dependen de estas estructuras para su desarrollo económico y social.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial N.º 35.702 y afecta áreas sensibles como transporte, salud, agroindustria, industria y seguridad vial. Entre los organismos más relevantes que dejarán de existir en su forma actual se encuentran Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), así como la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
Según el Gobierno, las funciones esenciales de los organismos eliminados serán reasignadas a ministerios y secretarías correspondientes, y se aseguró que el personal conservará sus cargos hasta que se definan las nuevas estructuras administrativas. Sin embargo, desde los gremios estatales y sectores profesionales advierten que esto podría significar una pérdida de capacidades técnicas, vaciamiento institucional y mayores dificultades operativas a nivel territorial.
En muchas provincias, como las del norte y el sur del país, Vialidad Nacional cumple un rol fundamental en el mantenimiento y ejecución de obras viales que conectan comunidades aisladas. Su cierre plantea serios interrogantes sobre la continuidad de estos proyectos y la estabilidad laboral de cientos de trabajadores.
“Estamos frente a una decisión que puede tener consecuencias graves para el desarrollo productivo de muchas regiones. Sin estas estructuras, se pierde no solo capacidad operativa, sino también conocimiento acumulado y presencia estatal en el territorio”, señaló un delegado sindical del sector.
Desde el Gobierno aseguran que el proceso responde a la necesidad de modernizar el Estado y optimizar recursos, pero el anuncio ha generado una creciente tensión en las delegaciones regionales de los organismos afectados, que ahora esperan definiciones sobre su futuro inmediato.
