El gobierno neuquino expresó su rechazo al decreto nacional que reestructura el control del Organismo Regulador de Seguridad de Presas. Advierten sobre riesgos para la seguridad de las represas del Comahue y las poblaciones aguas abajo.

El gobierno de la provincia de Neuquén manifestó su preocupación ante la publicación del decreto nacional PEN 70/25, que reestructura el organigrama del Ministerio de Economía y establece que la Secretaría de Obras Públicas ejercerá el “control tutelar” del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y del Instituto Nacional del Agua (INA).

Desde el Ejecutivo neuquino señalaron que el concepto de “control tutelar” genera dudas respecto de las competencias y la continuidad de las funciones del ORSEP, un organismo clave para garantizar la seguridad de las presas hidroeléctricas y salvaguardar las vidas y bienes aguas abajo de las represas de las cuencas del Comahue.

El decreto sustituye el Anexo II de objetivos del Ministerio de Economía, estableciendo que la Secretaría de Obras Públicas controlará el Tribunal de Tasaciones de la Nación, el ORSEP y el INA. Esta modificación ha generado incertidumbre en Neuquén debido al rol fundamental que cumple el ORSEP en la fiscalización de la seguridad estructural y operativa de las presas y sus estructuras complementarias y auxiliares.

En noviembre, Rubén Etcheverry, ahora ministro de Planificación y Optimización del Estado, envió una nota a funcionarios nacionales manifestando su disconformidad ante la posible disolución del ORSEP. En ese documento, Etcheverry advirtió que la eliminación del organismo “constituiría un grave error del Estado Nacional, puede generar perjuicios catastróficos incalculables e irreparables”.

Asimismo, el funcionario destacó que la falta de fiscalización incrementaría los riesgos para las poblaciones y bienes ubicados aguas abajo de las represas Alicurá, El Chocón, Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados, emplazadas en los ríos Limay y Neuquén, que quedarían sin supervisión de seguridad, situación que consideró de “extrema gravedad e irresponsabilidad”.

Este tema genera preocupación no solo en Neuquén sino también en Río Negro, ya que las represas del Comahue tienen impacto directo en ambas provincias. La continuidad de la fiscalización de su seguridad es clave para la protección de las comunidades ribereñas y el desarrollo regional.