Este fin de semana, vía Zoom, se realizó una audiencia de formulación de cargos contra un joven de 20 años por un hecho ocurrido en la tarde del viernes, en las 48 Viviendas, cuando una adolescente de 17 resultó herida con un arma de fuego. El imputado cumplirá prisión preventiva por el término de cuatro meses

El fiscal del caso describió las circunstancias en que sucedieron los hechos y la evidencia que lo sustenta entre las que mencionó declaraciones de personas del entorno cercano de la víctima, informe de Ofavi, acta de allanamientos, informe del Cuerpo Médico Forense. Se encuentran en marcha otras medidas de investigación.

En función de la normativa que protege la intimidad de los menores de edad y de las mujeres, a fines de evitar su revictimización; no se difundirán las circunstancias en que sucedieron los hechos. Ni serán descriptas las lesiones que la víctima posee.

Solicitó el fiscal un plazo de investigación preliminar de cuatro meses. Como el imputado «no contaba con la debida de autorización legal para la portación del arma ni tampoco es legítimo usuario de la misma y que este hecho ocurre en el contexto de una relación asimétrica de poder en razón de la mayoría de edad del acusado donde éste ejercía un dominio sobre la menor», encuadró el hecho en los delitos de femicidio en grado de tentativa en concurso real con tenencia de arma de fuego.

Adhirió a lo expuesto por la fiscalía, en representación de la menor víctima, la Defensora de Menores.

El acusado, fue asistido por la defensa pública penal, quien se opuso a la formulación de cargos por valorar que la prueba de cargo no tiene sustento. Se refirieron ambos defensores a la teoría del caso que llevan adelante -entendiendo que el mismo ocurrió de manera accidental- y a la versión de la menor en el marco de una entrevista.

Manifestó el defensor que «en este sentido creo que estamos en una época donde es cierto que la verdad puede ser la teoría del caso de una parte o de la otra, pero tiene que tener sustento en la prueba que hay en el legajo».

El imputado hizo uso de su derecho a declarar y brindó su versión de los hechos.

La magistrada interviniente tuvo por formulados los cargos entendiendo que «para esta etapa inicial siendo facultad del Ministerio Público Fiscal y resultando la evidencia recabada e informada en la audiencia, resulta suficiente para avanzar en el proceso penal».

La fiscalía -con la adhesión de la defensora de menores- solicitó se le impongan cuatro meses de prisión preventiva; atento a los riesgos procesales y a la evidencia aún resta producir; entre ellas una cámara Gesell a la menor.

La defensa pública penal ante la solicitud de la medida cautelar, manifestó su rechazo por considerarla una medida gravosa.

Impuso la Jueza de Garantías la medida solicitada de prisión preventiva, poniendo a disposición del Servicio Penitenciario Provincial el alojamiento del acusado. Consideró «que esta es una víctima que requiere una protección que sea con una característica más estricta, porque se trata de una menor que en este momento sin duda tiene un estado indudablemente de conmoción, ha sido herida con un arma de fuego, se encuentra en riesgo su salud», entre otros fundamentos.