Luego de un debate de casi 4 horas en el plenario de comisiones de la Legislatura de Río Negro se firmó un dictamen de mayoría sobre el proyecto que propone establecer una contribución especial de peaje, que sería abonada por quienes hagan uso y aprovechamiento económico de la infraestructura vial provincial. El proyecto se tratará este jueves.

El proyecto consensuado en la reunión deja en claro que los vehículos de uso particular que no se encuentren afectados al desarrollo de una actividad comercial y se encuentre radicados tributariamente en Río Negro, no deberán pagar peaje, salvo en la ruta 2, donde se cobra peaje por una ley anterior.

A través del proyecto de ley analizado este martes por la comisión, el gobierno de la Provincia plantea un sistema de telepeaje para cobrarle a los transportes de carga. La idea es cobrar el peaje sobre 5 rutas: la 2, la 6, la 8, la 65 y la 69. En total suman 507 kilómetros, de los 760 que están pavimentados.

La iniciativa también prevé otras excepciones, como los vehículos destinados a prestar asistencia médica o afectados a servicios de salud; los vehículos oficiales de propiedad del sector público nacional, provincial o municipal; los registrados a nombre de las asociaciones de bomberos voluntarios; los comprendidos dentro del Registro Provincial o Nacional de Personas Con Discapacidad; y los afectados al servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros y transporte escolar contratado por el Estado provincial o municipal.

En la reunión, el ministro de Obras e Infraestructura, Alejandro Echarren, junto al presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, explicaron los alcances del proyecto.

Echarren habló de los inconvenientes que trae a los rionegrinos la falta de mantenimiento de las rutas nacionales: “Si bien son rutas que vienen con un desgaste importante, esto se agravó últimamente por la falta de presupuesto”, remarcó.

El funcionario contó que el ingeniero Raúl Bertola, administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, le manifestó hace unos días la decisión del gobierno nacional de no afectar partidas presupuestarias para la finalización de esas obras. “Esto nos deja en la Provincia rehenes de una decisión que nos parece totalmente arbitraria”, expresó.

Describió que esta situación de deterioro de las rutas nacionales provoca que se incremente el tránsito en las vías provinciales y dio detalles del tránsito en la Ruta 65. Ejemplificó que de un movimiento de 53 mil vehículos en una semana, 7.340 de ellos son vehículos de carga.

La idea de incorporar a todas las rutas provinciales en la ley tiene que ver con que, en el caso de que surja una nueva actividad productiva en otra parte de la provincia, no haya que tener que sacar una ley aparte.

Además habló de la necesidad de hacer controles sobre la carga que llevan los vehículos en las rutas. “Si nosotros queremos conservar las rutas provinciales como realmente corresponde y que los vehículos que circulan, lo hagan de manera correcta, segura, necesitamos controlar la carga. Hoy Vialidad está haciendo control de carga, pero sólo cuenta con una sola balanza móvil”, consideró.

En la reunión se aceptaron algunos cambios al proyecto original, como la incorporación de una Comisión de seguimiento para controlar el funcionamiento de las medidas que se implementen.

El proyecto del Ejecutivo recibió críticas de la oposición, que coincidieron en la “falta de claridad” en la redacción del proyecto y que derivaron en los cambios. Desde distintos bloques cuestionaron el objeto y el hecho imponible que contempla la propuesta.

Los bloques Pro Unión Republicana, UCR, Primero Río Negro, Vamos con Todos y Partido Justicialista Nuevo Encuentro resolvieron tomarse 48 horas para emitir su dictamen.