En febrero de este año, Ramón Zalazar fue declarado culpable por un jurado popular de haber asesinado a Paulo Moncada en un hecho sucedido en noviembre de 2022 en el barrio Los Sauces de Cipolletti. La sentencia fue confirmada por el Tribunal de Impugnación y días atrás el imputado desistió de un recurso que daba intervención al Superior Tribunal, por lo que el fallo quedó firme.

Como el hecho se encontraba filmado por un video de una cámara de seguridad, uno de los principales contrapuntos del juicio fue probar si la persona que se veía en el video era el imputado o no. Otro de los puntos discutidos, estuvo centrado en si la víctima había muerto a causa de los disparos o de una deficiente atención del centro de salud al cual fue derivado.

El jurado popular, tuvo por acreditada la teoría del caso de la acusación, es decir, que el autor de los disparos que dieron muerte a la víctima había sido Zalazar y que esas heridas eran las que habían sido el desencadenante de su fallecimiento.

Sobre la base de las evidencias recabadas durante la investigación, la fiscalía sostuvo que víctima e imputado se conocían y que incluso habían mantenido una relación de amistad antes del ataque. Sobre el mediodía del 10 de noviembre de 2022, el acusado mantuvo una discusión con Moncada y en ese marco, extrajo un arma de fuego con la que le disparó.

Tras la declaración de culpabilidad por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la fiscalía y la defensa coincidieron en aplicar una pena de trece años de prisión, que fue la posteriormente dictada por el juez de juicio.

Frente a esta resolución, el acusado presentó un recurso de impugnación. El pasado 13 de agosto, los jueces y la jueza que integraron el Tribunal de Impugnación confirmaron en un todo el proceso y la sentencia.

La defensa oficial que representó al para presentar este último recurso – durante el debate y de impugnación ordinaria había sido asistido por un abogado particular – presentó una impugnación extraordinaria. Con acuerdo del propio condenado, días atrás desistieron de esa presentación que hubiese dado intervención al Superior Tribunal de Justicia por lo que el fallo quedó firme.

Desde esos momentos, el acusado ya transita la etapa de ejecución de pena, dando inicio de esta forma al proceso de ejecución penal propiamente dicho. Como el acusado permanecía detenido en prisión preventiva, continuará privado de la libertad en un establecimiento penal de la provincia.