En el marco de la causa Techo Digno, el Ministerio Público Fiscal detalló hoy la acusación en contra de quien se desempeñaba como Intendente de la ciudad de Bariloche en el período 2015/2023. Solicitó además la apertura de la etapa de juicio por hechos que son calificados como peculado.
En un primer momento de la audiencia, el Juez de Juicio, se refirió a la solicitud de sobreseimiento por atipicidad planteada por la defensa técnica del ex funcionario, considerando que los hechos que se le adjudican no encuadrarían en delito penal. Situación que fue confrontada por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la audiencia correspondiente. Para resolver, se basó en las sentencias del Superior Tribunal de Justicia en las que se realizó un puntilloso análisis de la doctrina sobre la figura del peculado. En consecuencia, el magistrado rechazó la solicitud del sobreseimiento por considerarlo apresurado en esta etapa procesal, entendiendo que el juicio deberá producirse para acreditar las posiciones de las partes.
El Fiscal Jefe señaló que los eventos investigados se desprenden de una investigación que se desarrolla en este sentido y tiene como imputados a empresarios de la construcción y ex funcionarios municipales. En algún caso, por los delitos de fraude en perjuicio a la administración pública y administración infiel en otros por el de peculado.
En cuanto a la descripción de los dos hechos objeto de esta acusación, la Fiscalía relató que, al momento de su asunción como intendente municipal, el imputado asumió los compromisos y las obligaciones emergentes de los Acuerdos 2274/2013 y anexos correspondientes a 376 viviendas de la Ciudad de San Carlos de Bariloche. Y también aquéllas que surgen del acuerdo 624/2015, correspondientes a las 495 viviendas de esta ciudad.
En ese momento se encontraban depositados en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, cuya titularidad corresponde a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, la suma de $157.915.146,27 producto de la totalidad de los desembolsos efectuados a raíz de los convenios firmados, percibidos durante la gestión de la Intendente anterior. Sustrajo por fuera de la esfera de custodia de la administración municipal la suma de 105.000.000 pesos para constituir plazos fijos en otra entidad bancaria.