Una nueva protesta de trabajadores del Hospital Garrahan se desarrolló esta semana frente al Ministerio de Salud, en pleno conflicto por el reclamo de aumento salarial que impulsan los médicos residentes, psicopedagogas y especialistas en salud mental. La movilización ocurrió en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno para evitar el paro que había sido anunciado.

Desde el sector denuncian una pérdida del 50% del poder adquisitivo debido a la inflación y advierten que un residente de primer año cobra actualmente 779 mil pesos, una cifra que queda por debajo de la línea de pobreza. Según estimaciones oficiales, una familia tipo necesita más de un millón de pesos para no ser considerada pobre. Las condiciones de trabajo, con jornadas de entre 60 y 70 horas semanales, agravan aún más la situación.

La respuesta oficial no tardó en llegar: la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, apuntó a la gestión del hospital y no a una falta de recursos. Denunció una sobredimensión del personal administrativo en comparación con el cuerpo médico y anunció la implementación de un sistema de control biométrico desde el 1 de junio, como medida para mejorar la administración.

Mientras tanto, ATE y la Asociación de Profesionales del hospital expresaron su disposición al diálogo, aunque calificaron a la conciliación obligatoria como una medida insuficiente. Consideran que no resuelve el fondo del problema: la caída salarial y la falta de negociación paritaria. En los últimos años, más de 200 trabajadores, entre ellos 50 médicos de planta, renunciaron ante la imposibilidad de sostener su economía en el sistema público.

La jefa de Clínicas del área de Emergencias, Ana Fustiñana, recordó que el deterioro empezó en 2017, pero que el abandono de las paritarias terminó de profundizar la crisis. A esto se suma un cambio en el esquema de financiamiento del Garrahan, que pasó a depender casi exclusivamente del Estado nacional.

El Garrahan es un hospital pediátrico de referencia en América Latina: realiza unas 600 mil consultas anuales, 100 trasplantes y cerca de 10 mil cirugías. Sin embargo, hoy enfrenta un panorama crítico. Los trabajadores exigen una recomposición salarial del 100% y condiciones laborales sostenibles.

El conflicto podría escalar si no hay avances concretos en las próximas semanas. “Esta es una lucha entre todos, no podemos más”, expresaron los trabajadores. Desde ATE advirtieron que la “asfixia salarial” está poniendo en riesgo la continuidad de un emblema de la salud pública nacional.