El Gobierno nacional presentó un nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, con el que busca ampliar la base de contribuyentes, facilitar el cumplimiento fiscal y, en paralelo, fomentar la regularización de capitales no declarados. El plan apunta especialmente a sectores medios con capacidad de ahorro en moneda extranjera, en un intento de reactivar la economía desde abajo.
El esquema, que todavía debe ser aprobado por el Congreso, fija topes altos: podrán adherir quienes hayan facturado hasta $1.000 millones en el último año y tengan un patrimonio menor a $10.000 millones. La adhesión será voluntaria, y quienes se sumen recibirán beneficios como prescripción rápida de deudas, fiscalización limitada y protección ante eventuales denuncias penales si cumplen con el pago voluntario.
La nueva Agencia Federal de Ingresos (ARCA) ofrecerá una declaración estimada automática para cada contribuyente, que tendrá carácter liberatorio si se acepta y abona en tiempo y forma. Esta propuesta busca simplificar trámites y disminuir conflictos con el fisco, en un contexto donde muchos argentinos aún conservan sus ahorros fuera del sistema formal.
Entre las claves del régimen se destacan:
• Límite de ingresos anuales: $1.000 millones
• Patrimonio máximo declarado: $10.000 millones
• Prescripción de deudas en 3 años
• Fiscalización limitada al último ejercicio
• No penalización por evasión si se regulariza y paga
• Diferencia tolerada entre lo declarado y lo verificado: hasta 15%
Aunque el Gobierno argumenta que la medida está orientada a “formalizar sin castigar”, el trasfondo económico muestra otra intención: movilizar el ahorro informal, muchas veces en dólares guardados en casas particulares. No se trata solo de ampliar la recaudación, sino de estimular el consumo y el movimiento de divisas en un momento crítico para el mercado interno.
A su vez, algunos especialistas observan un sesgo estructural: mientras se intenta captar fondos de pequeños contribuyentes —que suelen guardar ahorros como reserva de valor—, los grandes capitales no declarados en el exterior siguen sin un tratamiento igual de urgente. La pregunta que subyace es si este esquema puede funcionar como incentivo real o termina siendo una presión más sobre quienes menos margen tienen.
Con esta propuesta, el Gobierno pone en marcha una nueva estrategia recaudatoria que combina beneficios, simplificación y una señal clara: es momento de mover los ahorros, aunque el riesgo no se reparta de forma pareja.
