Horas antes de ser removido de su cargo como director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo generó más tensión dentro del Gobierno al ofrecer versiones contradictorias sobre el origen de los audios que lo involucran en un escándalo de presuntas coimas en la compra de medicamentos.

Según fuentes oficiales, Spagnuolo primero apuntó contra Natalia Basil, exfuncionaria de ANDIS y actual integrante de AYSA, como posible responsable de las grabaciones. Basil, pareja del consultor político Fernando Cerimedo, habría tenido conocimiento de presuntas irregularidades, entre ellas, la preferencia de la droguería Suizo Argentina —vinculada a los Kovalivker— en las compras del organismo.

Sin embargo, su relato cambió más tarde. Ante otros interlocutores del Gobierno, desafiante, lanzó: “¿Quién me grabó? No se los voy a decir”, según confirmó el periodista Gabriel Morini tras consultar con varios funcionarios. Poco después, cortó toda comunicación con el Ejecutivo, que intentaba contener el escándalo.

El núcleo más cercano a Javier Milei quedó enfurecido al ver cómo Spagnuolo mantuvo en vilo al Gobierno durante horas, prometiendo una renuncia por “agotamiento moral” que nunca presentó. La paciencia se agotó pasada la medianoche del 21 de agosto, cuando la Oficina del Presidente emitió un duro comunicado para oficializar su salida.

El Ejecutivo ya sabía que los audios circulaban entre periodistas y que podrían salir a la luz. Según fuentes de Ámbito Financiero, existe mucho más material comprometedor que podría exponer no solo una crisis política sino también una red delictiva. “Era el abogado del Presidente”, dijeron desde el entorno presidencial.

Spagnuolo también había designado a Juan Araoz de Lamadrid y a Ignacio Rada Schultze en puestos clave. Sin embargo, fuentes aseguran que desde el Gobierno no logran establecer diálogo con ellos para coordinar una estrategia unificada frente al escándalo.

El caso tomó una dimensión aún mayor cuando trascendió que también podrían existir grabaciones que involucran a Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Esto llevó a la conformación de un comité de crisis el viernes pasado, con la participación de todos los asesores jurídicos del Ejecutivo.