A partir del 1 de junio, entrará en vigencia un nuevo decreto en Río de Janeiro que prohíbe la música en vivo, la venta ambulante sin autorización y cualquier tipo de comercio no regulado en playas como Copacabana e Ipanema. La normativa, impulsada por la alcaldía, busca preservar el orden urbano y la seguridad, pero ha desatado una fuerte polémica por su impacto en la cultura popular y en el sustento económico de miles de trabajadores informales.
El decreto también obliga a los tradicionales quioscos playeros a abandonar sus nombres populares y a identificarse únicamente con números. Esta medida generó malestar entre comerciantes, artistas y vendedores, quienes aseguran que se atenta contra la identidad cultural y económica de la ciudad. La empresa Orla Rio, que administra más de 300 quioscos, denunció que la norma “silencia la esencia” carioca.
Mientras la Asamblea Municipal discute un proyecto para flexibilizar algunas restricciones, ya se presentó una demanda judicial en contra del decreto. El recurso fue rechazado en primera instancia, pero continúa en apelación. En paralelo, músicos, líderes sociales y figuras políticas locales han cuestionado la norma por considerar que atenta contra el derecho al trabajo y a la expresión cultural.
La actividad informal en las playas de Río mueve más de 700 millones de dólares al año. Sin embargo, los vendedores ambulantes denuncian que acceder a permisos oficiales es prácticamente imposible. Desde la alcaldía aseguran que algunas de estas reglas ya existían y que el diálogo con los sectores involucrados continúa abierto.
Mientras tanto, crece la incertidumbre entre quienes viven del día a día en la playa. Para muchos, la medida representa un golpe que amenaza con cambiar por completo el paisaje y la energía de uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Sudamérica.
