La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta, y por mayoría, un proyecto de ley que propone el cobro de aranceles a extranjeros por el acceso a los servicios de salud y educación superior provistos por el Estado provincial.

La iniciativa, impulsada por los legisladores Lucas Pica y Javier Acevedo, busca priorizar el uso de los recursos públicos para los ciudadanos rionegrinos. Pica explicó que «es una manera de custodiar el patrimonio de los rionegrinos», en un contexto de reducción de recursos y aumento de la demanda de servicios.

La normativa distingue entre los distintos tipos de residencia definidos por la Ley Nacional de Migraciones: residentes permanentes y temporarios seguirán accediendo en igualdad de condiciones, mientras que los residentes transitorios y precarios deberán abonar por los servicios utilizados, salvo en casos de emergencia o urgencia, donde la atención no podrá ser negada.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de que el Ejecutivo provincial firme convenios de reciprocidad con otros países y establece un mecanismo de recuperación de costos a través del Fondo de Obras Sociales (FOS).

Debate intenso y posturas enfrentadas

El bloque Vamos con Todos rechazó duramente el proyecto. Ayelén Spósito cuestionó la falta de estadísticas y de debate en comisiones, y lo calificó como una “discusión ideológica sin sustento”. Magdalena Odarda lo consideró “racista” y una “estigmatización a los hermanos latinoamericanos”. José Luis Berros advirtió que “hay más gasto en imprimir el proyecto que lo que se va a recaudar”, asegurando que en el sistema hay apenas 79 estudiantes extranjeros en escuelas públicas y 1 en nivel terciario.

Desde el oficialismo, Facundo López, presidente del bloque JSRN, defendió la medida como “justa y legal”, y negó que sea discriminatoria:

“El extranjero documentado tiene los mismos derechos. Esto es para quienes ingresan como turistas o de forma irregular. Nadie se va a quedar sin atención médica, pero debemos cuidar los recursos de los rionegrinos”.

El proyecto deberá pasar por una segunda vuelta para convertirse en ley.