La secretaria de la Función Pública de Río Negro, Tania Lastra, ha revelado en una entrevista con LU19AM690 detalles alarmantes sobre la reciente denuncia presentada por el gobernador Alberto Weretilneck. La investigación interna del Gobierno provincial ha descubierto una red de emisión de certificados médicos ilegales que involucra a más de 20 profesionales de la salud, generando preocupación y controversia en la administración pública.

Según Lastra, el caso más grave implica a una médica que habría emitido más de 300 certificados falsos para justificar ausencias injustificadas de empleados públicos. Esta situación ha exacerbado un problema crónico de ausentismo laboral, que afecta gravemente el funcionamiento y la eficiencia de la administración pública de Río Negro.

«Estamos frente a un nivel de ausentismo laboral irrazonable, que ha motivado a nuestro gobierno a iniciar investigaciones profundas para determinar las causas reales y sancionar a los responsables,» comentó Lastra. «El uso indiscriminado y fraudulento de certificados médicos no solo perjudica el desempeño de las instituciones públicas, sino que también constituye un delito grave.»

Además de los profesionales de la salud involucrados, se han detectado numerosos casos de empleados públicos que presentaron certificados médicos adulterados o falsificados. Estos empleados serán denunciados por el delito de adulteración de documento público, una acusación seria que podría derivar en sanciones penales y administrativas.

El Gobierno de Río Negro ha manifestado su compromiso en tomar medidas enérgicas contra estos actos de corrupción. Las autoridades buscan no solo castigar a los culpables, sino también implementar controles más estrictos para prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro.

«La integridad y la transparencia en la administración pública son fundamentales para el correcto funcionamiento del Estado y la confianza de los ciudadanos,» subrayó Lastra.

La investigación continúa y se esperan más avances en los próximos días. Mientras tanto, la denuncia ha generado un debate intenso en la sociedad y en el ámbito político, sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión en el sector público para garantizar una gestión honesta y eficiente.