Luego del veto total firmado por el presidente Javier Milei a la Ley 27.790, que declaraba la emergencia por catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales, la oposición en la Cámara de Diputados comenzó a coordinar acciones para insistir con la sanción de la norma. La medida vetada preveía asistencia económica y reconstrucción para las zonas afectadas por las inundaciones de marzo pasado.

El veto fue dispuesto mediante el Decreto 424/2025, que argumenta la falta de previsión presupuestaria y la superposición con un decreto previo (238/25), que creó un fondo de $200.000 millones gestionado por el Ministerio de Seguridad. Según el Ejecutivo, ese fondo ya financió ayuda directa a los damnificados, entre ellas subsidios, líneas de crédito, asistencia sanitaria y equipamiento.

Sin embargo, legisladores como Victoria Tolosa Paz, Karina Banfi y Maximiliano Abad sostienen que la ley vetada ofrecía una solución más integral, incluyendo créditos para la reconstrucción de viviendas e infraestructura pública, además de plazos de gracia impositivos y beneficios contractuales para afectados. También remarcan que, a diferencia del decreto, la ley establecía controles parlamentarios sobre su ejecución.

El proyecto había sido aprobado con una amplia mayoría tanto en el Senado como en Diputados, y ahora el desafío será alcanzar nuevamente los votos necesarios para rechazar el veto presidencial. Desde los bloques impulsores señalaron que «la ley no se superpone, sino que amplía el alcance de la asistencia y ofrece un marco legal con respaldo institucional».

En medio del reclamo de vecinos y autoridades locales, la oposición insiste en que es necesario reactivar una ley que contemple medidas estructurales, más allá de las urgencias inmediatas, para acompañar a quienes perdieron todo durante la catástrofe climática y hoy siguen a la espera de soluciones duraderas.