En medio de la polémica por la denuncia de un presunto boliche clandestino en un edificio perteneciente al Ministerio de Justicia, cedido a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la inquilina del inmueble, ubicado en Rivadavia al 2700, salió al cruce de las acusaciones. “Te voy a abrir la puerta con mucho gusto porque no me gusta que digan algo que no es cierto”, expresó la mujer, quien vive en el tercer piso del edificio junto a su esposo.

Según la denunciante, el lugar en cuestión no es un boliche clandestino, sino una “academia de baile” que funciona en el lugar los viernes y sábados por la tarde. La inquilina detalló que los estudiantes de danza asisten a clases de marinera, y que además mantiene una cafetería donde los alumnos toman la merienda. «Hace 20 años que vivo acá con mi esposo, entonces no entiendo por qué dicen que esto es un boliche clandestino», afirmó, señalando que en ocasiones anteriores también se había mencionado erróneamente que el lugar pertenecía al líder piquetero Luis D’Elía.

A pesar de las acusaciones, la mujer insistió en que, durante la noche, el lugar permanece tranquilo y sin actividades festivas. «Acá no hay nada, ustedes pueden venir los sábados a la noche. No hacemos eventos ni fiestas», reiteró, destacando que la confusión podría haber surgido debido a las menciones anteriores sobre un supuesto boliche clandestino.

Además, aclaró que no paga alquiler ya que el edificio fue «cedido por Cristina Kirchner» durante su presidencia, y señaló que en el pasado había recibido la visita de representantes de las Madres y del juez Javier Buján. Según la mujer, su familia subsiste con el buffet, llamado «La cueva de Alí Babá», que gestionan en el lugar.

Por otro lado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el Ministerio de Justicia habían asegurado que el inmueble, que fue cedido en 2018 con fines educativos, había sido convertido en un «boliche clandestino». Durante el allanamiento realizado el jueves, la Policía Federal descubrió parlantes, luces, barras y botellas de bebidas alcohólicas en lo que había sido un espacio educativo. Según las autoridades, también se constató la presencia de actividades políticas partidarias y de un «búnker político» en flagrante violación al propósito original del inmueble.

El Ministerio de Justicia detalló que en el edificio se habían encontrado banners con la frase «Vamos a volver», junto a la imagen de Cristina Kirchner, y que además operaban diversas organizaciones, algunas vinculadas a actividades políticas y sociales. Según el gobierno, la situación representa un «desprecio» por los fines educativos y un uso indebido de recursos públicos, dada la inversión realizada en el inmueble sin que se hayan registrado alumnos en el lugar.

El escándalo se suma a las tensiones en torno al uso de recursos públicos y las acusaciones de desvío de fondos, lo que ha generado una fuerte controversia sobre la gestión de estos espacios cedidos por el Estado. Mientras tanto, la versión de la inquilina y la respuesta del gobierno siguen generando debate sobre el verdadero funcionamiento del lugar y las responsabilidades detrás de su uso.