El abogado tucumano Gustavo Morales, conocido por sus denuncias contra los exgobernadores José Alperovich y Juan Manzur, fue detenido en el marco de una causa por presunta sedición policial en Tucumán. El arresto de Morales, un hecho que ha captado la atención tanto a nivel local como nacional, fue destacado por el gobernador Osvaldo Jaldo durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial, donde justificó la medida al afirmar que evitó un levantamiento dentro de la policía.

Acusaciones y prisión preventiva

Morales, quien ha sido un crítico constante de la corrupción en el sistema penitenciario y el abuso de poder dentro del gobierno tucumano, enfrenta prisión preventiva por 30 días. La justicia provincial lo acusa de coordinar, a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, un supuesto intento de sublevación policial. Esta acusación se basa en la investigación de más de 3.000 mensajes en el grupo de WhatsApp «Sueldo Policial 2024», en los que efectivos de la policía tucumana discutían medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales. En esos mensajes se habrían registrado frases como “voltear al Ministro de Seguridad” y “tomar la Casa de Gobierno”, interpretadas como una posible incitación a la rebelión.

La Defensa del gobernador Jaldo

En la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Osvaldo Jaldo defendió con firmeza la detención de Morales y otros implicados, asegurando que se evitó un conflicto dentro de la fuerza policial. “No puede ser que gente con arma prestada quiera levantarse contra sus autoridades, las instituciones y los tres poderes del Estado”, afirmó Jaldo. Además, el gobernador felicitó al Poder Judicial provincial, al Ministerio Público Fiscal y a la Corte Suprema de Justicia por su intervención en el caso, y agregó: “Si no hubiésemos actuado, hoy tendríamos otro acuartelamiento policial. Gracias a Dios, nos adelantamos y eso no ocurrió”.

Gustavo Morales ha sido una figura destacada en Tucumán, especialmente por su historial de denuncias contra figuras políticas de la provincia. En 2019, Morales acusó al entonces senador y exgobernador José Alperovich de inhabilidad moral tras la denuncia de abuso sexual presentada por una sobrina del exmandatario, y solicitó su desafuero ante el Senado. Ese mismo año, denunció corrupción dentro del penal de Villa Urquiza, alertando sobre un circuito de narcotráfico en la prisión, y también señalando irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la gestión de Juan Manzur.

Recientemente, Morales había comenzado a criticar al actual gobernador Osvaldo Jaldo, lo que ha alimentado las especulaciones sobre un posible trasfondo político en su detención.

El rol de las redes sociales y la supuesta sedición

Según la fiscalía, Morales lideraba un grupo denominado “Toda la Verdad”, a través del cual se habrían coordinado campañas mediáticas contra el gobierno provincial. Morales utilizó diversas plataformas, como TikTok, YouTube y WhatsApp, para amplificar los reclamos de los efectivos policiales y habría administrado una cuenta de redes sociales que incitaba a los policías a organizarse y manifestarse contra las autoridades.

La causa también incluye un análisis de pagos y transferencias de dinero entre los miembros del grupo, que, según la investigación, estaban destinados a financiar la contratación de un abogado para defender a los policías involucrados en las protestas.

Críticas y preocupaciones por la detención

La detención de Morales ha generado una ola de críticas, especialmente desde sectores opositores y organismos de derechos humanos. Se han expresado preocupaciones sobre las condiciones en las que se encuentra el abogado, quien fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad, incomunicado y sin contacto con su familia. Esta situación ha despertado dudas sobre el respeto a sus derechos procesales y constitucionales.

El caso sigue generando repercusiones y podría escalar a instancias judiciales nacionales e internacionales si se comprueba que la detención vulneró derechos fundamentales. La situación pone en cuestión el equilibrio entre el orden público y las garantías constitucionales en un contexto de tensiones políticas y sociales.