El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el veto presidencial a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada en julio pasado por el Congreso. La resolución respondió a un amparo presentado por los padres de dos niños de 11 años que vieron amenazado el acceso a sus tratamientos y educación debido al desfinanciamiento de instituciones especializadas.

La norma, con vigencia hasta fines de 2026, establecía medidas para garantizar financiamiento a pensiones no contributivas, prestadores, programas de empleo protegido y a la Agencia Nacional de Discapacidad. Su objetivo era sostener la continuidad de prestaciones básicas que habían sufrido aumentos por debajo de la inflación, lo que puso en riesgo la atención de miles de personas. El Poder Ejecutivo había justificado el veto con argumentos de “equilibrio fiscal innegociable”, invocando el Pacto de Mayo.

El fallo judicial sostuvo que la decisión presidencial “constituye un caso de clara discriminación” y que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”. Además, se recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocen al cuidado como un derecho humano autónomo e irrenunciable.

La polémica se inscribe en la dinámica política de Javier Milei, que suele elegir sus enemigos: en ocasiones el kirchnerismo, en otras los jubilados, las personas con discapacidad o incluso los niños con autismo. En este caso, la Justicia marcó un límite y ordenó garantizar el derecho a la atención de quienes atraviesan doble situación de vulnerabilidad: ser menores de edad y tener discapacidad.