El Gobierno nacional expresó un fuerte rechazo a la decisión del Reino Unido de autorizar una nueva explotación petrolera en el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El proyecto, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, prevé una inversión inicial de 1.170 millones de dólares y apunta a comenzar la producción en 2028. La Cancillería calificó la decisión como un acto “unilateral e ilegítimo”, contrario al derecho internacional y a la legislación argentina.

El área en disputa se encuentra a 220 kilómetros al norte del archipiélago, frente a la costa santacruceña, y fue descubierta en 2010. Se estima que allí podrían extraerse cerca de 819 millones de barriles de petróleo, con una primera etapa proyectada de 170 millones. El Gobierno nacional recordó que las leyes 26.659 y 26.915 prohíben toda actividad hidrocarburífera en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades argentinas, y advirtió que quienes participen de estas operaciones podrían enfrentar sanciones administrativas, legales y judiciales.

Desde Cancillería remarcaron que la decisión británica viola la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, que insta a abstenerse de modificar unilateralmente la situación de las Islas mientras continúe el proceso de negociación. Argentina reiteró que no reconoce la competencia de ninguna autoridad extranjera en materia de habilitaciones y alertó a empresas, proveedores, aseguradoras y entidades financieras sobre la ilegalidad de cualquier participación directa o indirecta en estos proyectos.

El rechazo también fue acompañado por la provincia de Tierra del Fuego, que exigió la intervención inmediata del Gobierno nacional. La administración fueguina recordó que Navitas ya había sido inhabilitada por 20 años en 2022 por operar sin autorización en territorio argentino, y denunció que el avance sobre Sea Lion constituye un nuevo acto unilateral de efectos irreversibles sobre recursos no renovables. Argentina advirtió que profundizará su plan de acción para salvaguardar sus derechos soberanos en el Atlántico Sur.