En medio de la crisis provocada por los incendios forestales que afectan al sur del país, el Gobierno nacional analiza la posibilidad de prorrogar por decreto la ley de Emergencia Ígnea. Al mismo tiempo, evalúa incorporar al temario de sesiones extraordinarias el aumento de partidas presupuestarias que reclaman los gobernadores.
La definición surgió tras una reunión de la mesa política realizada en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.
En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó que la convocatoria prevista inicialmente para el próximo miércoles se adelantará a este jueves, en un contexto de creciente preocupación por la situación en la Patagonia.
Reclamo de los gobernadores patagónicos
Los gobernadores de las provincias patagónicas solicitaron que el Congreso trate con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea durante las sesiones extraordinarias. Advirtieron que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la región requieren recursos y herramientas adicionales, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas.
La reunión política
El encuentro de la mesa política estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Participaron además la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura, Ignacio Devitt, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien asistió de manera virtual.
Primeras medidas
Mientras se analiza la prórroga de la emergencia, el Ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $129.244 millones para fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Los fondos estarán destinados a equipamiento, funcionamiento, capacitación, fiscalización y sostenimiento operativo del sistema federal de respuesta ante emergencias.
La medida fue formalizada a través de la Resolución 91/2026, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
