La sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT), ubicada en la calle Azopardo, será este viernes a las 11:00 el escenario de una definición clave para el movimiento obrero y el escenario político nacional. El Consejo Directivo de la central sindical se reunirá para resolver los pasos a seguir frente al inminente tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación.
La convocatoria fue realizada con carácter de urgencia y tiene como eje central la posibilidad de profundizar el plan de lucha, que podría traducirse en un paro nacional o una movilización masiva el día en que el proyecto sea debatido en el recinto.
El debate interno expone una fractura estratégica dentro de la conducción cegetista. Por un lado, el sector denominado “dialoguista”, integrado por los llamados “Gordos” e “Independientes”, encabezado por Héctor Daer (Sanidad) y Gerardo Martínez (UOCRA), apuesta a sostener canales de negociación política. En las últimas semanas, este espacio priorizó el contacto con gobernadores y senadores para introducir modificaciones al texto que, a su criterio, atenúen el impacto sobre los derechos laborales.
En contraposición, el ala más combativa de la central, con Pablo Moyano (Camioneros) como principal referente y el respaldo de los gremios del transporte y las dos CTA, impulsa un cese de actividades inmediato. Desde este sector sostienen que la discusión parlamentaria resulta insuficiente frente a lo que consideran un ataque directo a las conquistas históricas del movimiento obrero.
Antecedentes de una resistencia histórica
La posibilidad de un paro general durante el tratamiento legislativo de una reforma laboral no es inédita. La historia reciente del sindicalismo argentino registra antecedentes donde la protesta social funcionó como herramienta decisiva frente a intentos de flexibilización.
En el año 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, la llamada “Ley Banelco” derivó en huelgas generales encabezadas por la CGT disidente, en medio de denuncias de sobornos en el Senado. En diciembre de 2017, bajo la gestión de Mauricio Macri, la reforma previsional y el intento posterior de avanzar con una reforma laboral provocaron masivas protestas y paros nacionales que obligaron al Ejecutivo a retroceder.
Más recientemente, en enero de 2024, la CGT concretó un paro nacional a solo 45 días de iniciada la actual gestión, marcando un hecho inédito por su rapidez y contundencia.
La definición que adopte el Consejo Directivo estará condicionada por el comportamiento de los bloques provinciales en la Cámara Alta, cuyo respaldo aparece fragmentado. La falta de garantías políticas refuerza el clima de incertidumbre y acelera la discusión sobre el rol que asumirá la CGT: si continuar como interlocutor institucional o posicionarse como vanguardia de la resistencia social frente a las reformas estructurales del oficialismo.
