El juez Marcelo Gómez rechazó los pedidos de nulidad y prescripción presentados por las defensas de los exintendentes Aníbal Tortoriello y Abel Baratti, así como de los empresarios involucrados en la causa Techo Digno – Cipolletti. De esta manera, el proceso judicial continuará su curso.
En un extenso análisis, el magistrado sostuvo que en el ámbito judicial deben analizarse “hechos y conductas” y no “calificaciones legales”, las cuales podrán eventualmente corregirse en la sentencia, luego del juicio.
Además de los exjefes comunales, están imputados los empresarios Domingo Mocciola (Mocciola Constructora), Arturo Mendiberry (Zigma) y José Daniel Zoppi (Zoppi SA), junto a la excontadora municipal Lucila Chiocconi.
La causa se vincula con la operatoria “Techo Digno”, mediante la cual la Subsecretaría de Vivienda de la Nación financió la construcción de 404 viviendas en Cipolletti, bajo administración municipal. Según pericias realizadas por el IPPV, se habría facturado y pagado por encima de lo efectivamente construido, lo que derivó en acusaciones por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Las defensas habían solicitado la nulidad total del proceso por un cambio en la acusación formulado por la fiscalía y, además, plantearon la prescripción por el paso del tiempo. Ese pedido ya había sido rechazado por la jueza de Garantías Alejandra Berenguer, decisión que fue revisada por Gómez.
El juez entendió que la resolución previa estaba “racionalmente argumentada” y que no existieron arbitrariedades ni violaciones al derecho de defensa. En su fundamentación, citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro.
También señaló que la condición de funcionario público puede constituir un obstáculo para el desarrollo de una investigación, ya que por su posición de poder podría influir o demorar su avance, lo que impacta en los plazos de prescripción.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2015 y 2016. En ese período, Baratti dejó la intendencia, mientras que Tortoriello continuó su carrera política, siendo candidato a gobernador en 2019 y diputado nacional en 2021 y 2025. Según la interpretación judicial, esa exposición pública interrumpe los plazos de prescripción y se extiende al resto de los imputados.
Los defensores Sebastián Perazzolli y José Luis Vicenty adelantaron que analizarán la resolución y no descartaron la presentación de un recurso extraordinario federal para llegar a la Corte Suprema.
“Están en su legítimo derecho de defensa”, concluyó el juez Gómez.
