Miles de personas participaron este miércoles de las movilizaciones convocadas en distintas ciudades de Argentina al cumplirse once años de la primera marcha de Ni Una Menos, el movimiento que desde 2015 impulsa la lucha contra la violencia de género y los femicidios.

Durante la jornada, organizaciones feministas difundieron un documento en el que reclamaron justicia por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Romero, además de cuestionar las políticas impulsadas por el gobierno nacional y denunciar el retroceso de programas destinados a la prevención y asistencia de víctimas de violencia de género.

Bajo la consigna “Justicia por Agostina, Dulce, Noelia y por todas”, el texto sostuvo que las vidas de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y personas no binarias “no son desechables” y convocó a fortalecer la organización colectiva frente a un contexto de ajuste económico, precarización laboral y desigualdad.

El reclamo por Agostina Vega

Uno de los ejes centrales de la movilización fue el pedido de justicia por Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, un caso que generó conmoción en todo el país.

Las organizaciones cuestionaron la actuación de distintos organismos estatales y reclamaron respuestas institucionales ante un hecho que volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección.

El documento también exigió justicia por Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, asesinada en Misiones, y por Noelia Romero, de Temperley, además de avances en investigaciones de mujeres desaparecidas y condenas efectivas en distintos casos de violencia de género.

Asimismo, se reiteró el pedido de justicia por las víctimas del triple lesbicidio de Barracas y se solicitó que el hecho sea reconocido judicialmente como un crimen de odio.

Críticas al Gobierno nacional

Las organizaciones participantes también cuestionaron las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei en materia de género.

En el documento denunciaron el cierre, reducción o desfinanciamiento de programas destinados a la prevención de las violencias y a la asistencia de víctimas, y expresaron preocupación por lo que definieron como un retroceso en las políticas públicas construidas durante los últimos años.

Además, repudiaron expresiones de funcionarios que evitaron calificar algunos crímenes como femicidios y sostuvieron que negar esa figura implica desconocer las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y diversidades.

Educación, salud y situación económica

La declaración también incluyó reclamos vinculados con la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), la aplicación efectiva de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y el fortalecimiento de las políticas de salud sexual y reproductiva.

Por otra parte, las organizaciones relacionaron la problemática de la violencia de género con el contexto económico actual, señalando que la pobreza, la precarización laboral y las dificultades para acceder a derechos básicos afectan especialmente a mujeres y diversidades.

También hubo referencias a la deuda alimentaria, la situación de los jubilados, la universidad pública, la salud mental y las políticas destinadas a personas con discapacidad.

Un movimiento que sigue vigente

A once años de aquella primera movilización que marcó un punto de inflexión en la agenda pública argentina, Ni Una Menos volvió a reunir a miles de personas en las calles de todo el país.

La jornada estuvo atravesada por reclamos de justicia, denuncias sobre las distintas formas de violencia y demandas para fortalecer las políticas de prevención y protección.

La consigna que cerró las actividades sintetizó el espíritu de la convocatoria: “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.