El vocero presidencial, Adrián Ravier, volvió a quedar en el centro de la polémica al afirmar que el 39% de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros, una cifra que fue cuestionada por autoridades de la casa de estudios.
Durante su habitual conferencia de prensa, Ravier sostuvo que existe “un alto porcentaje de estudiantes en facultades de Medicina que son extranjeros” y aseguró que, en el caso de la UBA, ese porcentaje alcanza el 39%.
“Un 39% exacto es el dato que tengo ahora de la Universidad de Buenos Aires. Si es falso, lo revisaremos”, expresó el funcionario.
Ravier argumentó que el Gobierno busca que las universidades nacionales tengan la posibilidad de decidir si cobran aranceles a estudiantes extranjeros, sin afectar su autonomía.
“Estamos dedicando dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países, y pensamos que tenemos que cuidar el dinero de los argentinos para ayudar a los más humildes y generar posibilidades de estudio en las universidades públicas”, afirmó.
La respuesta de la UBA
Tras la conferencia, el vicepresidente de la UBA, Emiliano Yacobitti, rechazó las declaraciones del vocero y aseguró que la información difundida por el Gobierno es incorrecta.
Según explicó, los estudiantes extranjeros representan el 6,1% de la matrícula de la Facultad de Ciencias Médicas, un porcentaje muy inferior al mencionado por Ravier.
Ravier ratificó sus datos
Horas después, el vocero utilizó su cuenta en la red social X para reafirmar sus dichos y aseguró que los datos provienen de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación.
De acuerdo con esa información, en la Facultad de Medicina de la UBA hay 16.462 estudiantes extranjeros sobre un total de 41.957 alumnos, lo que equivale al 39% de la matrícula. Además, señaló que en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata los alumnos extranjeros representarían el 51%.
La diferencia entre las cifras difundidas por el Gobierno y las informadas por la UBA volvió a instalar el debate sobre la cantidad de estudiantes internacionales en las universidades públicas y la posibilidad de que cada institución decida si cobra o no aranceles a quienes no residen en el país.
