La Libertad Avanza decidió retirar del debate el capítulo vinculado a la extranjerización de tierras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de comprobar que no contaba con los votos necesarios en el Senado para aprobar la iniciativa.
La decisión se tomó tras una reunión encabezada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a legisladores de espacios aliados, luego de que varios gobernadores anticiparan su rechazo a la propuesta que buscaba flexibilizar el régimen vigente para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Sin respaldo para avanzar
El proyecto proponía elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podrían quedar en manos de capitales extranjeros, aunque la intención inicial del oficialismo era eliminar por completo esa restricción.
Sin embargo, la resistencia de gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén) impidió reunir el respaldo necesario para avanzar con la reforma.
Además del capítulo sobre tierras, el oficialismo también resolvió retirar del proyecto las modificaciones relacionadas con la ley de barrios populares.
Qué se debatirá en el Senado
Con estos cambios, el Gobierno buscará avanzar con el resto de la iniciativa, que incluye reformas al Código Civil y Comercial vinculadas a desalojos, expropiaciones, manejo del fuego, escrituración de inmuebles y modernización del Registro de la Propiedad.
Según informó el oficialismo, estos capítulos cuentan con un mayor nivel de consenso entre los distintos bloques que acompañan el proyecto.
La explicación del oficialismo
A través de un comunicado, La Libertad Avanza señaló que la decisión fue adoptada “por consenso” entre los bloques que integran el espacio, con el objetivo de continuar trabajando sobre el capítulo referido a las tierras rurales y lograr una redacción que reúna un mayor nivel de apoyo.
El oficialismo aclaró que la medida no implica la eliminación definitiva de la reforma, sino su postergación para seguir negociando cambios antes de volver a impulsar su tratamiento parlamentario.
La marcha atrás representa un revés para el Gobierno y, en particular, para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien impulsó el proyecto como una de las principales iniciativas de su cartera.
