La sesión fue interrumpida tras el rechazo inicial al proyecto de zonificación del barrio Aliwen. Hubo gritos, daños en oficinas del edificio público y una denuncia por los destrozos.
Una sesión del Concejo Deliberante de Fernández Oro terminó este miércoles con momentos de fuerte tensión luego de que no prosperara el tratamiento del proyecto de zonificación del barrio Aliwen. Según confirmó el presidente del cuerpo, Ariel Vidal, un grupo de vecinos irrumpió en distintas oficinas del edificio, provocó destrozos y obligó a suspender la sesión mediante un cuarto intermedio.
El conflicto se produjo durante el debate de una iniciativa que busca regularizar un asentamiento ubicado en una zona que, de acuerdo con el Código de Planificación Urbana de la ciudad, tiene carácter productivo y no residencial.
El proyecto no reunió los votos necesarios
Vidal explicó que el barrio Alihuen se encuentra emplazado sobre tierras catalogadas como productivas, por lo que cualquier intento de regularización requiere una modificación de la zonificación vigente.
Durante la sesión, los cuatro concejales debían votar el proyecto. Sin embargo, los dos primeros votos fueron un rechazo y una abstención, lo que dejó al expediente sin posibilidades de alcanzar la mayoría especial exigida por la Carta Orgánica y el reglamento interno del Concejo.
“Para este tipo de proyectos se necesitan tres votos afirmativos sobre cuatro concejales. Al no conseguirse esa mayoría, comenzaron las manifestaciones de los vecinos”, señaló Vidal.
Gritos, ingreso a oficinas y una denuncia
El presidente del Concejo relató que, al advertir que la iniciativa no sería aprobada, parte de los vecinos presentes comenzó a manifestarse dentro del recinto, impidiendo la continuidad de la sesión.
Ante esa situación decidió decretar un cuarto intermedio porque, aseguró, “no estaban dadas las condiciones para seguir sesionando”. Según su versión, luego un grupo ingresó al interior del edificio y ocasionó daños materiales.
“Hubo destrozos en una puerta de una oficina, en un cuadro y en distintos sectores del Concejo Deliberante. Se realizó la denuncia correspondiente porque se trata de un edificio público”, afirmó. Vidal también reconoció que hubo preocupación por la seguridad de quienes se encontraban en el lugar.
“Cuando se pierde el diálogo y se pasa al plano de la violencia, uno no puede especular con lo que puede suceder. Mi responsabilidad era cuidar a los concejales, al personal legislativo y a quienes estaban dentro del edificio”, sostuvo.
Qué reclaman las familias del barrio Aliwen
El proyecto del barrio Alihuen busca dar un marco legal a un sector donde ya viven varias familias que construyeron sus viviendas. El terreno fue adquirido por una cooperativa con financiamiento de programas nacionales vinculados al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU).
De acuerdo con Vidal, la cooperativa propone un modelo de barrio que combine espacios productivos con viviendas, intentando mantener parte del perfil rural del lugar. Sin embargo, el municipio sostiene que la normativa vigente protege las tierras productivas y que cualquier excepción debe cumplir una serie de requisitos técnicos y legales.
“Entendemos la necesidad de acceso a la tierra, pero también debemos respetar las normas urbanísticas que hoy están vigentes”, explicó.
Un conflicto que viene de gestiones anteriores
El titular del Concejo remarcó que la situación del barrio Aliwen no se originó en la actual gestión municipal, sino que se arrastra desde administraciones anteriores. Recordó además que, en un primer momento, el proyecto había recibido una negativa y que incluso existen actuaciones judiciales vinculadas al desarrollo del loteo y otras intervenciones municipales en el sector.
“Es un tema complejo, que no tiene una resolución sencilla y que también tiene aristas judiciales que deben ser consideradas”, indicó.
El diálogo seguirá, pero sin fecha para un nuevo tratamiento
Pese a los incidentes, Vidal aseguró que los distintos bloques políticos manifestaron su intención de continuar el diálogo con los vecinos para evaluar posibles alternativas de regularización. No obstante, aclaró que no quedó definida una fecha para que el expediente vuelva al recinto.
“El compromiso es mantener abiertos los canales de diálogo. Los vecinos también expresaron su voluntad de seguir conversando, pero primero deben darse las condiciones para retomar el debate institucional”, concluyó.
