La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional y lo giró al Senado para su tratamiento. La votación en general terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, en una definición ajustada para el oficialismo.
Uno de los puntos centrales del debate fue la restitución de la Ley de Tierras Rurales, incorporada en el texto luego de que el Senado rechazara su derogación. Ese capítulo obtuvo 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones.
La iniciativa reúne modificaciones sobre el régimen de propiedad privada, las expropiaciones y los procedimientos de desalojo, además de recuperar las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La restitución de la Ley de Tierras Rurales
El capítulo aprobado establece la derogación del artículo 154 del DNU 70/23 y la aplicación de la Ley de Tierras Rurales, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2011.
La norma establece límites a la extranjerización de tierras: un máximo del 30% a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones específicas para zonas consideradas estratégicas, como áreas de frontera y regiones con recursos hídricos. También contempla un límite de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, según las condiciones previstas por la legislación.
La restitución recibió el respaldo de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Provincias Unidas, Argentina Federal y distintos bloques provinciales.
Votaron en contra Gladys Mendoza y Marina Elia Fernández, de Tucumán; Karina Maureira, de Neuquén; y Pablo Outes, de Salta. Entre quienes se abstuvieron estuvieron Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda; Mónica Frade, de la Coalición Cívica; y Marcela Pagano, de Coherencia.
Qué cambios propone sobre la propiedad privada
El proyecto también incluye modificaciones a la Ley de Expropiaciones, con el objetivo de restringir las facultades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles.
Otro de los ejes es la reforma de los procedimientos de desalojo, que busca acortar los plazos judiciales para recuperar propiedades usurpadas o cuya tenencia sea irregular.
Durante el debate, el diputado oficialista Santiago Santurio, de La Libertad Avanza, defendió la propuesta y sostuvo que la iniciativa apunta a garantizar el respeto al derecho de propiedad.
Desde Unión por la Patria, Diego Giuliano cuestionó la posición del Gobierno respecto de la Ley de Tierras y señaló que el oficialismo terminó incorporando una norma impulsada durante la gestión de Cristina Kirchner. También planteó que el derecho de propiedad debe interpretarse en relación con el interés social.
Por su parte, Martín Lousteau, de Provincias Unidas, criticó el cambio de postura del oficialismo respecto de la legislación sobre tierras rurales.
La definición queda en manos del Senado
La aprobación en general fue ajustada. Las seis abstenciones resultaron relevantes para el resultado, ya que, de haberse sumado a los votos negativos, el proyecto no habría alcanzado la mayoría necesaria para su aprobación.
Ahora, el Senado deberá analizar el texto modificado por Diputados. La Cámara alta podrá aceptar los cambios introducidos o insistir con su versión original, para lo cual necesitará reunir una mayoría de dos tercios si busca sostener el proyecto que había aprobado previamente.
El tratamiento reabre el debate sobre los límites a la propiedad privada, las facultades del Estado y las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
